El presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado proteger la ciencia, tecnología e innovación de los vaivenes sexenales, con la creación de una verdadera política de Estado que sea coordinada y puesta en marcha por la comunidad académica, no por criterios político o burocráticos, con una planeación a largo plazo, pero con valoraciones cada cinco años y abierta a los cambios necesarios.
Peña Nieto envió al Senado su propuesta para crear la Política Pública de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, a partir de una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que permita por primera vez que los especialistas de los Centros Públicos de Investigación sectorizados al Conacyt obtengan parte de las ganancias de los proyectos que conectan con el sector privado, a fin de incentivarlos.
De igual manera, plantea el fortalecimiento del Conacyt, cuyo titular será elegido por el Presidente de la República, pero ahora con base en un perfil definido en ley: con amplios méritos académicos y de investigación, desarrollo tecnológico o innovación; experiencia y capacidad administrativa e integrante de la comunidad académica de alguna institución de educación superior con reconocimiento nacional; es decir, el Conacyt no será una posición para burócratas.
Convierte el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en una instancia de consulta para los tres Poderes de la Unión y establece que el Presidente tendrá un grupo de asesores en la materia, pero nombrados por el Conacyt.
La iniciativa presidencial, turnada a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, tiene siete líneas de desarrollo. La nueva estructura en la toma de decisiones, inclusive de las comunidades académicas, el sector empresarial y los niveles de gobierno, que serán responsables colegiadamente de la planeación transexenal de la política de Estado en ciencia, tecnología e innovación, así como del Programa Especial, que se revisará cada cinco años.
La segunda línea es el Fortalecimiento de los Centros Públicos de Investigación Sectorizados del Conacyt, que como Sistema, serán los encargados de la aplicación de la planeación a largo plazo y del Programa Especial; sus integrantes serán considerados como académicos, no como burócratas, a pesar de ser empleados del Estado; sus condiciones laborales estarán acordes con sus necesidades profesionales, al grado que serán partícipes de las ganancias que implica conectar un proyecto desarrollado en laboratorios con el sector productivo, sin que ese dinero sea considerado parte de su salario.
Como tercera línea está el fortalecimiento del propio Conacyt, con nuevas reglas para su coordinación con la SEP y como máximo responsable de la aplicación de la política científica.
Está también el fortalecimiento del Consejo Consultivo Científico y Tecnológico, que actualmente está sólo para la Presidencia. Ahora, será el asesor de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para la toma de decisiones de Estado que tienen que ver con el área de ciencia, tecnología e innovación.
La quinta línea es que la Presidencia contará con asesores en estas áreas, pero que no serán a voluntad del propio Ejecutivo, sino serán nombrados por el Conacyt.
Además, la sexta línea es la definición de los Instrumentos de Apoyo y estructura de los fondos, que ahora se clasificarán en cinco áreas: institucionales, multisectoriales, mixtos, investigación científica y desarrollo tecnológico y en materia energética; serán más transparentes y se someterán a las reglas de rendición de cuentas y auditoría; siempre estarán alineados a la planeación de largo plazo.
Y la última línea de la reforma se refiere a la Ciencia Abierta, para que exista acceso a la información que se desarrolla, no sólo en el momento de los resultados, sino de toda la evolución.
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