La PGR archivó el caso de lavado contra César Duarte porque el año pasado uno de los organismos dependientes de Hacienda, cuando José Antonio Meade era su titular, decidió no denunciar al el ex Gobernador de Chihuahua al concluir que no cometió ningún delito.
El 16 de febrero de 2017 Ángel Salvador Vargas Mitre, director de Procesos Legales "A" de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comunicó a la PGR que no presentaría una querella contra el ex gobernador de Chihuahua porque no halló indicios de que su dinero tuviera un origen ilícito.
"A consideración de esta UIF, hasta este momento no se cuenta con elementos suficientes para formular la denuncia a que alude el párrafo IV del artículo 400 Bis del Código penal federal (delito de lavado), pues las constancias que obran en la indagatoria de mérito -a nuestra consideración- no resultan suficientes (...) hasta el momento no se advierte que los recursos a que se hace referencia procedan o representen el producto de una actividad ilícita", dice el oficio 110/F/A/621/2017.
Al momento de renunciar a la denuncia contra Duarte, la UIF tenía como titular a Alberto Bazbaz Sacal, quien hoy ocupa la titularidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y quien también fue Procurador del Estado de México en el Gobierno de Enrique Peña.
En la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-09, archivada el pasado 13 de marzo, Duarte fue investigado por adquirir con dinero supuestamente ilícito el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.
Además de la conclusión de la UIF, peritos oficiales de Procuraduría General de la República afirmaron en un dictamen que la compra de acciones del banco no se hizo con dinero sucio, pues 40 millones de pesos salieron de los diversos negocios de Duarte, antes de que fuera gobernador, y 25 millones corresponden a un préstamo.
Jaime Herrera Corral reconoció ante la PGR que durante 15 días se desempeñó simultáneamente como titular de Hacienda de César Duarte y director del Banco Progreso de Chihuahua, del cual el ex Gobernador prófugo adquirió un paquete accionario.
Herrera aseguró que esa doble función no implica un conflicto de interés ni un delito, ya que la norma en la entidad no lo tiene previsto como tal.
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