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Lilia Quevedo | Plano Informativo | 19/03/2018 | 13:28
San Luis Potosí, SLP.- Desde que entró en vigor el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se implementaron reformas tendientes a disminuir las penalidades que enfrentan los menores infractores. Del 2016 a la fecha, 105 jóvenes menores de 18 años, obtuvieron su libertad.
Aquellos que cometieron delitos relacionados al homicidio, secuestro, trata de personas, nexos con la delincuencia organizada y violación, se mantienen en internamiento, la mayoría son de la capital potosina.
La pena máxima para un adolescente que tenga más de catorce años, es de cinco años, informó María Concepción Nava Calvillo, titular de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores en San Luis Potosí.
A partir de la Reforma Constitucional del 2006, los jóvenes pasaron de ser considerados como objetos de derecho a sujetos de derecho.
La Ley de Justicia para Menores en el Estado, establecía que los procesados podían adquirir hasta una condena de 19 años. En aquél entonces, San Luis Potosí era uno de los estados que mayor condena podía dictar a los adolescentes. Sólo por debajo de Aguascalientes, cuya pena máxima era de veinte años.
Actualmente son veinte los jóvenes que se encuentran en el Centro de Internamiento Juvenil.
La presunción de inocencia en beneficio del menor, facilitó la liberación de casi un noventa por ciento de los internos.
Las antiguas condenas, eran perjudiciales para los jóvenes y no aportaban a la reinserción social, señaló Nava Calvillo.
“El tiempo de internamiento, tiene que ser el necesario y suficiente para que él joven en cuestión pueda lograr esta maduración sobre el acto que cometió y sobre su responsabilidad”.
En el grupo etario de los 14 a los 16 años, una condena de tres a cinco años, es la “idónea”, sería suficiente para que pueda “llegar a responsabilizarse de aquello de lo que hizo, dolerse del dolor que causó, obtener habilidades nuevas y diferentes para confrontar el espacio donde vive afuera, estar listo para volver a salir y haber reflexionado lo suficiente para pensar que quiere otra vida”.
Sin embargo, eso no garantiza una total reinserción social, el joven tiene que tener un entorno saludable que lo espere una vez que finalice su condena.
El SJPA, señala que un menor de edad, no tiene antecedentes penales. Por tanto, se garantizaría una reinserción social, acceso a la educación y al trabajo en cualquier ámbito. La estigmatización social ocurriría, si el joven revela que estuvo internado en el CIJ.
En 2016, se homologa la ley y se crea una ley nacional para todos los estados de la República Mexicana. Bajo los mismos parámetros, las treinta y dos entidades federativas, pueden decidir los años de internamiento de un menor de edad.
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