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Ley prohibiría negar servicio de transporte a discapacitados

Plano Informativo | 19/03/2018 | 13:20

San Luis Potosí, SLP.- Con el objetivo de establecer expresamente la prohibición de obstaculizar, impedir, o negar la prestación del servicio de transporte público a las personas con discapacidad, además de a los adultos mayores, niños y mujeres embarazadas, la legisladora Lucero Jasso Rocha presentó una iniciativa de adición al artículo 86 BIS de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí.

En su exposición de motivos, la legisladora indica que se busca armonizar en esta ley, el esquema de obligaciones con el de sanciones, ya que si bien la legislación establece una penalización para los operadores por negar la prestación de servicio a personas con discapacidad, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas, en el artículo 129, Fracción I, inciso r, la sanción existe de manera aislada en el ordenamiento.

“Es decir, no se encuentra una prohibición correlativa en el catálogo de obligaciones de los prestadores del servicio de transporte público, por ese motivo, se propone adicionar a las obligaciones de los operadores, establecidas en el Título Octavo de la Ley, denominado de las “De las Obligaciones de los Concesionarios, Permisionarios, Operadores y Usuarios,” y en su Capítulo Segundo, referente a las obligaciones de los operadores, la prohibición expresa de obstaculizar, impedir o negar servicio a personas con discapacidad, como adultos mayores, mujeres embarazadas y niños”.

En la iniciativa, Jasso Rocha agrega que con esta adición se busca mejorar la calidad de la Ley, aumentando la claridad de la norma; ya que además, al establecer la prohibición expresa de esa conducta, se instituye una salvaguarda jurídica para los derechos de los grupos vulnerables en términos de movilidad personal y para la prevención de los actos de discriminación, en la prestación de un servicio que en últimas consecuencias es de interés social.

“Finalmente, lo que se busca es fortalecer los derechos humanos y la concientización sobre su importancia, tanto para operadores y permisionarios, como para la ciudadanía en general”.

La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Comunicaciones y Transportes; y Derechos Humanos, Igualdad y Género.