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Notimex | 15/03/2018 | 12:23
El debate por la legalización del aborto en Argentina provocó la presentación de polémicos proyectos legislativos que van del registro de fetos al uso de mujeres como incubadoras y la penalización del padre.
La semana pasada comenzó aquí un histórico proceso legislativo que permitirá debatir la legalización del aborto por primera vez ante el pleno de la Cámara de Diputados y del Senado, como resultado de una larga lucha de los colectivos feministas.
El proyecto, que cuenta con el apoyo de legisladores de todos los partidos, propone la legalización del aborto seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación sin restricción alguna, con la voluntad de la madre como único requisito.
Desde el oficialismo, por su parte, impulsarán un proyecto que sólo despenaliza la interrupción del embarazo al eliminar del Código Penal los artículos que condenan a penas de uno a cuatro años de prisión a las mujeres que abortan.
Además de esas dos iniciativas, varios legisladores han propuesto en lo particular reformas que han causado sorpresa ya sea por su inviabilidad o falta de ética.
Una de las más recientes, por ejemplo, fue la diputada oficialista Marcela Campagnoli, quien propuso obligar a la mujer a continuar con el embarazo hasta la semana 20 para después sacarle el feto, mantenerlo en incubadora y después darlo en adopción.
"Contengamos a esa madre hasta la semana en la que le podamos sacar ese niño de su vientre para que pueda tener vida. Podemos decirle que ese embarazo que ella no quiere yo lo puedo sacar y le puedo dar vida en una incubadora y hacemos una adopción pre natal", dijo.
La propuesta recibió una serie de críticas por la manera en que la diputada quiere obligar a las mujeres a continuar con un embarazo que no desean.
Otra diputada, María Emilia Soria, propuso la creación de un “Registro para la inscripción de defunciones fetales” que implicaría que todos los fetos que mueren en el vientre materno sean registrados con nombre, apellido, sexo y edad gestacional.
El jefe de la bancada del partido gobernante PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, anticipó su voto en contra a la legalización del aborto y pidió que si el aborto es clandestino, además de penalizar a la madre también se penalice al padre.
Aunque Massot no ha presentado una iniciativa formal, su propuesta fue criticada porque en lugar de reducir aumenta la penalización por la interrupción voluntaria de los abortos.
