Rick Scott, que no apoya la disposición de armar al personal escolar, tiene un plazo de 15 días para sancionar la norma, vetarla o dejar que se convierta en ley sin su firma
El gobernador republicano de Florida, Rick Scott, analiza el proyecto de ley aprobado por escasa mayoría en las dos cámaras de la legislatura estatal en respuesta a la masacre de 17 personas en una escuela y se reunirá con familiares de las víctimas.
El proyecto no abarca todo lo que quiere el gobernador ni lo que exigen los sobrevivientes de la matanza y tanto los sindicatos de maestros como la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) manifestaron su oposición.
Sin embargo, las familias de algunas de las 17 víctimas de la secundaria Marjory Stoneman Douglas exhortaron a Scott en una carta a sancionar rápidamente esta histórica ley.
"Sabemos que, a la hora de prevenir futuros actos de violencia escolar, la votación de hoy es apenas el principio del proceso. Aplaudimos a los miembros de la Legislatura de Florida que tuvieron el valor de votar contra sus propios intereses para hacer lo correcto para la seguridad de nuestras escuelas. ¡Esta vez debe ser distinto!", dice un pasaje de la carta.
Scott dijo que planeaba reunirse con esas familias en las próximas horas.
"Voy a tomarme el tiempo para leer el proyecto y hablar con las familias", comentó Scott, quien tenía excelentes calificaciones de la NRA por su apoyo a medidas a favor del derecho de portar armas.
Rompió relaciones con la organización armamentista después de la masacre y su nueva posición reanimó el movimiento por el control de armas.
La medida elevaría la edad mínima para comprar un fusil de 18 a 21 años, impondría los tres días de espera que rigen actualmente para las armas cortas a las armas largas y prohibiría los "bump stocks", accesorios que convierten los fusiles semiautomáticos en armas completamente automáticas.
En las escuelas permitiría a docentes entrenados por la Policía y autorizados por el distrito escolar a portar armas cortas ocultas. Crearía programas de salud mental y una línea telefónica para denuncias anónimas de amenazas. También buscaría mejorar las comunicaciones entre las escuelas, la Policía y los organismos estatales.
La NRA se opone a elevar los límites de edad e imponer períodos de espera; el cabildero Marion Hammer calificó el proyecto de "alarde de intimidación y coerción" que viola el derecho constitucional de portar armas y castiga a los ciudadanos honestos.
A su vez, los maestros pidieron a Scott que vete el programa para entrenar y armar a empleados escolares, esgrimiendo que sólo deben portarlas en las escuelas los policías debidamente entrenados.
El gobernador, que no apoya la disposición de armar al personal escolar, tiene un plazo de 15 días para sancionar la ley, vetarla o dejar que se convierta en ley sin su firma.
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