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Leopoldo Pacheco | Plano Informativo | 08/03/2018 | 00:44
Los elementos que aportó a un juez de control el agente del Ministerio Público para vincular a proceso al diputado con licencia Enrique Flores, por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho, son suficientes para el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Garza Herrera.
Sin embargo, el Fiscal General pidió no generar especulaciones sobre el desarrollo de este proceso.
El Fiscal pide esperar los tiempos legales
Vamos a esperar a que el juez se pronuncie al respecto y emita una sentencia, dijo.
El martes pasado, un juez consideró suficientes los elementos para vincular a proceso, por el delito de cohecho, al diputado con licencia Enrique Flores Flores, tras la divulgación masiva de un video en el que describe una supuesta mecánica para "limpiar" de observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado, las cuentas públicas municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
Garza Herrera dijo que el juez respectivo ya se pronunció sobre si este video representa una prueba fehaciente, para sujetar al imputado a una responsabilidad penal.
También dijo que el agente del Ministerio Público le aportó al juez de la causa, los elementos para iniciar un proceso judicial, cuya conclusión sería incierta.
Federico Garza insistió en que no deben generarse especulaciones en torno a que si una falla procesal o deficiencia en la integración de la respectiva carpeta de investigación podría beneficiar a Flores Flores.
En lo que corresponde al imputado, él puede decir lo que le convenga, iniciado este proceso, nosotros aportaremos más elementos cuando así lo solicite el juez.
Antecedente
Como se recordará, el juez de oralidad penal Felipe Aurelio Torres Zúñiga dictó el auto de vinculación así como una medida cautelar de firmar cada 15 días para garantizar las comparecencias, además de establecer un plazo de 6 meses para completar la investigación que, tentativamente, concluye el 6 de septiembre.
El delito por el que se está sometiendo a proceso a quien fuera presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado conlleva una penalidad mínima de 5 años de prisión y una máxima de 12 años además de una pena pecuniaria consistente en el doble del monto del recurso solicitado al demandante, el presidente municipal Crispín Ordaz.
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