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Gobierno de Fujimori realizó esterilización forzada denuncia peruana

El gobierno presentó la acción como un programa de planificación familiar dirigido a las comunidades de escasos recursos.

Notimex | 07/03/2018 | 14:20

Nadie le explicó a Inés Condori por qué le ponían la anestesia y la metían en una camilla cuando se presentó en el hospital de Cuzco, en abril de 1995, pensando someterse a un simple control posnatal.

Cuando la diminuta indígena recobró la conciencia, el médico en su cabecera le ordenó que se vistiera y se marchara enseguida, antes de anunciar: “Hijita, ya no vas a tener otros hijos”, recuerda la mujer.

Condori, entonces con 30 años y cuatro hijos, descubriría años más tarde que en aquel momento acababa de sumarse al listado de víctimas de un plan de esterilización masiva promovido por el gobierno de Alberto Fujimori entre 1995 y 2001.

Se estima que en ese periodo más de 270 mil mujeres, la mayoría de ellas pobres e indígenas, como Condori, fueron sometidas a ligadura de trompas sin su consentimiento o aviso previo.

El gobierno presentó la acción como un programa de planificación familiar dirigido a las comunidades de escasos recursos.

“Nosotros no sabíamos qué nos iban a hacer”, asegura Condori, quien preside actualmente una asociación de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas.

Los agentes del gobierno “iban de casa en casa diciendo a la mujeres que tenían que ir al hospital para vacunar a los hijos, para hacer un control. Y ahí nos hacían la ligadura. Sin que lo supiéramos”, contó en entrevista con Notimex, durante su paso por Bruselas.

“Me llevaron a la sala de operación, pero yo ni siquiera sabía qué era una sala de operación. Yo sabía leer, pero nunca había entrado a un hospital”, se excusa.

La líder comunitaria acredita que en el centro hospitalario de Cuzco se esterilizaban diariamente entre 30 y 40 mujeres.

No se realizaban exámenes previos que pudieran indicar la naturaleza del procedimiento o incluso preparar a las pacientes para la operación, tampoco se ofrecía cualquier seguimiento posoperatorio.

Muchas de las pacientes vivían en provincias lejanas, sin acceso por carreteras, y tenían que regresar a casa a pie después de haberse sometido al procedimiento.

A las que se quejaban las tachaban de vagas, acusándoles de fingir el dolor para no tener que trabajar. Algunas fallecieron en el camino, asegura Condori.

Los problemas para las víctimas no se limitaron a cuestiones de salud.

En una sociedad machista, como la califica la indígena, las mujeres eran acusadas de haberse hecho esterilizar a escondidas de los maridos con el propósito de tener amantes sin el riesgo de quedar embarazadas.

Otras, esterilizadas antes de tener hijos, eran estigmatizadas o abandonadas por los maridos por no poder procrear.

“Lo hicieron a mujeres de 20 años sin hijos. Solo ahora que nos reunimos supimos que había una campaña del gobierno (de esterilización masiva), con una meta a cumplir”, dice Condori.

En 2016 el gobierno peruano creó un registro de víctimas y se comprometió con realizar acciones concretas de reparación, pero hasta ahora nada salió del papel, siquiera una excusa oficial, critica la líder comunitaria, quien se queja también de la falta de recursos asignados por el gobierno para ayudar a las víctimas.

En cambio Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos durante su mandato, se benefició el pasado diciembre de un “indulto humanitario”.

“Eso es una violencia a las mujeres víctimas y es un delito de lesa humanidad, y eso debe de reconocer el presidente (Pedro Pablo) Kuczynski”, sostiene Condori.

UCSLP - INTERNACIONALES

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