El pasado viernes se llevaron a cabo dos audiencias públicas, en el marco del 167° período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, Colombia, donde se abordó el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y la Ley de Seguridad Interior.
En audiencia @CIDH sobre caso de desaparición de los 43 de Ayotzinapa, enfaticé que el gobierno de México tiene el compromiso de llegar a conclusiones sobre tan lamentable caso este año. Se hará justicia y castigará a todos los responsables.
En la primer audiencia, donde se dio seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 normalistas, la representación del Gobierno reiteró a los familiares de las víctimas que será este año cuando se llegue a conclusiones en las investigaciones, pues a casi 4 años de su desaparición, familiares acusan de no haber avances ni consignación de responsables.
El Fiscal Especial para el Caso Iguala de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Higuera Bernal, compartió distintas actualizaciones sobre la atención al cronograma acordado entre las partes, entre las que destacó que en las últimas semanas se ha logrado información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante.
Durante la audiencia también se actualizó sobre el seguimiento a alegaciones de la presunta comisión de actos de tortura en contra de algunos de los detenidos, sobre las que se dijo que tras analizar los casos y someterlos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, aunque afirmaron que se continuarán realizando las diligencias correspondientes.
En la segunda audiencia, se abordó el tema de la Ley de Seguridad Interior, en la cual se ofreció información actualizada sobre los objetivos, alcances y procedimientos de la ley, misma que se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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