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Tortura se enfrenta a la burocracia

El número de quejas canalizado a la Ceeav es mínimo porque abundan casos de homicidio, desaparecidos y feminicidios: Jorge Vega Arroyo

Lilia Quevedo/Plano Informativo | 01/03/2018 | 00:53

En San Luis Potosí, el 90 por ciento de los casos de tortura que se denuncian son en contra de agentes de la Policía Ministerial, informó el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, quien agregó que fueron 60 las denuncias por este tipo de abusos de la autoridad.

 

Sin embargo, en estos casos solo puede intervenir la Ceeav cuando la Comisión de Derechos Humanos, estatal o nacional, haya emitido una recomendación, explicó Jorge Vega Arroyo, titular de la dependencia.

 

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la tortura es uno de los hechos violatorios de mayor impacto.

 

En los últimos tres años, el promedio de quejas anuales se encuentra entre 60 y 70. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) registró en el 2015 setenta; en 2016 sesenta y dos y en el 2017, sesenta.

 

El ombudsman potosino Jorge Andrés López Espinosa señaló que el 90 por ciento de los casos se relaciona con elementos de la Policía Ministerial.

 

El año pasado, dos casos traspasaron las fronteras del asunto local.

 

Dos quejas por tortura llegaron hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Los presuntos agraviados arremetieron contra la Policía Federal.

 

En 2016 ocurrió el mismo fenómeno, la CNDH registró dos quejas por tortura, dirigidas a la misma institución.

 

Adicional a estos casos, en el sector seguridad, cinco habitantes del territorio potosino emitieron quejas por trato cruel, inhumano o degradante, también contra la Policía Federal.

 

Uno de los casos más sonados de tortura a nivel nacional fue la recomendación emitida por la CNDH, derivada de los actos de tortura que cometieron miembros de la Marina contra una pareja detenida.

 

En el terreno legislativo, recientemente se presentó la iniciativa de Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, la cual busca una armonización estatal con la normatividad federal.

 

Según la legisladora Limbania Martel Espinosa, la falta de esta sinergia entre las leyes de los dos órdenes de gobierno, ocasiona que la Federación sobrepase los límites de la legislación local.

 

Jorge Vega Arroyo, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), señaló que las quejas por el tema regularmente las emiten las víctimas, por tanto, el caso pasa directamente a la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí.

 

Hasta que no se emita una recomendación por parte de la CEDH o CNDH, la Ceeav no puede intervenir.

 

Vega Arroyo explicó que son mínimas las quejas canalizadas en el tema de tortura, pues en el registro de víctimas abundan los casos de homicidio, lesiones, desaparecidos, feminicidio y privación de la libertad.

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