SLP en el Top Nacional por denunciar a Funcionarios Públicos

San Luis Potosí forma parte de las 10 entidades federativas con mayor número de carpetas de investigación abiertas por delitos cometidos por servidores públicos.

De acuerdo con información contenida en la publicación “La consolidación de los registros y estadísticas delictivas en México”, la tendencia de estos delitos es creciente con un incremento de entre el 16 y el 12 por ciento en 2016 y 2017 respectivamente.

Los datos proporcionados con frecuencia mensual, reportan una tasa media de crecimiento mensual del 1.1 por ciento.

Esto significa que San Luis Potosí forma parte del 87 por ciento del total de carpetas y averiguaciones previas que se registran en el país.

El Observatorio Nacional Ciudadano señala que la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Michoacán, San Luis Potosí y Chiapas, son los 10 estados que más denuncias contra servidores públicos han presentado ante sus procuradurías o fiscalías.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) coincide con las cifras y posiciona a San Luis Potosí como el séptimo estado, con 441 carpetas de investigación abiertas en contra de servidores públicos.

El SESNSP también revela que la entidad potosina está por encima de la media nacional de denuncias contra servidores públicos. La media corresponde a los 428 casos.

En contraste, hubo estados que no presentaron denuncias, como Guanajuato, Quintana Roo y Tlaxcala, mientras tanto, Colima y Querétaro sólo abrieron una carpeta de investigación.

Además de situarse entre los 10 primeros lugares por denuncias contra sus servidores públicos, San Luis Potosí también se encuentra en los 10 estados que reúnen mayor número de investigaciones por delitos electorales. A nivel nacional se registraron mil 862.

La Ciudad de México, el Estado de México, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Morelos y San Luis Potosí, reunidos acumulan el 81 por ciento de los expedientes judiciales vigentes por delitos electorales.