San Luis Potosí, SLP.- En sesión ordinaria el pleno de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad reformar el artículo 17 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de brindar certeza jurídica a los interesados en obtener licencia permanente para la venta, distribución, consumo o suministro de bebidas alcohólicas en los establecimientos a que se refiere esta ley.
Debido a que operaba la negativa ficta en el caso de que pasados dos meses de haber realizado la solicitud de licencia a la autoridad competente, ésta última no hubiera dado respuesta a la misma.
Con esta reforma a la ley mencionada, se establecerá que una vez reunidos los requisitos, las autoridades competentes tendrán un plazo de dos meses para resolver respecto de la solicitud de otorgamiento de licencia; en caso de que la respuesta sea negativa, se otorgará al solicitante un plazo de dos meses para solventar las inconsistencias que la motivaron. Una vez solventada la solicitud la autoridad tendrá el plazo de un mes para resolver de manera definitiva. En todo caso, la autoridad estará obligada a resolver por escrito al solicitante sobre su petición.
En la exposición de motivos del dictamen aprobado se señala que para colmar los requisitos necesarios para tramitar este tipo de licencia, se debe realizar una serie de trámites e inversiones considerables como por ejemplo, un contrato de arrendamiento vigente del local o establecimiento, dictámenes de protección civil, sanitario, técnico por parte de la autoridad municipal, planos y licencia de uso de suelo vigente, que implica que ya se tenga lista la distribución del mobiliario y, en muchos casos, la adquisición del mismo.
Una vez que se han reunido los requisitos solicitados, la ley fijaba un plazo de dos meses para resolver sobre el otorgamiento de la licencia, y que si no hay una respuesta o una resolución manifiesta, procederá la negativa ficta.
En otras palabras, si no existe respuesta o razonamiento que justifique la negación de la licencia, ésta se considera efectivamente negada, sin mayor motivación ni fundamentación, lo cual es a su vez contrario al derecho de respuesta consagrado en el artículo 8º de la Constitución Federal.
Bajo esta perspectiva, para el inversionista que busque establecer locales de alto perfil, resulta poco conveniente solventar los requisitos necesarios para obtener una licencia de venta de bebidas alcohólicas, dado que no existe una certeza para su otorgamiento, aún y cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en la ley ya que queda al arbitrio de la autoridad negarlo sin que esté obligada a conceder justificación alguna.
Con tal propósito, se modifica el párrafo penúltimo del artículo 17 de esta norma, obligando a la autoridad a dar una respuesta en el plazo determinado por esta ley; así como el otorgamiento de un plazo similar en caso de una negativa, que dé la oportunidad al inversionista de solventar cualquier situación por la que se le haya negado la licencia de funcionamiento.
Fue aprobado por unanimidad reformar el artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer los encargados de las unidades de transparencia, además de ser ciudadanos comprometidos con ese derecho humano, deban contar con el nivel jerárquico suficiente garantizado desde la propia ley, para que su labor dentro de los entes obligados se cumpla de la mejor forma.
Además se estipula que los responsables de las unidades de transparencia, cuenten con la certificación de habilidades y conocimientos, de manera que ésta respalde que el manejo de la unidad está en manos de una persona capaz.
Con esta reforma a la ley mencionada, se establecerá que se deberá designar en la unidades de transparencia que dependerán directamente del titular del sujeto obligado con nivel jerárquico no menor de subdirección y quienes, además de experiencia en la materia, deberán acreditar haber cursado estudios específicos en instituciones educativas de nivel superior o medio superior, o contar con una certificación de competencias expedida una institución de las indicadas.
Se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que presentó el diputado Oscar Bautista Villegas para que el Congreso del Estado exhorte al titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para coadyuvar en la aprobación de decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera que circulan en nuestro país, para que se incorporen los datos correspondientes en las bases de datos gubernamentales y se evite con ello, el uso de los mismos en la comisión de hechos delictivos.
En el punto de acuerdo aprobado se señala que resulta necesario la intervención por parte de Poder Ejecutivo Federal, así como del Legislativo de la Unión, para que se emita decreto para la regulación de los vehículos extranjeros que se encuentran de manera ilegal en nuestro país a efecto de garantizar la seguridad jurídica de la ciudadanía en general y para contar con información puntual en este sentido en materia de prevención y seguridad pública.
Se retiró del orden del día un punto de acuerdo que presentó la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas que pretendía que el Congreso del Estado exhortara al titular de la Dirección Estatal de Protección Civil, José Ignacio Benavente Duque, para que dentro del ámbito de sus competencias implemente una estrategia a fin de verificar que los anuncios espectaculares y otras estructuras se encuentren en las condiciones óptimas y así prevenir cualquier acontecimiento infortunado.
Además, se aprobaron los dictámenes que desecharon por improcedentes iniciativas que buscaban reformar la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí; la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
En asuntos generales fueron aprobadas las propuestas de la Junta de Coordinación Política para reestructurar comisiones legislativas, Directiva y Comités, por lo que los diputados María Rebeca Terán Guevara se reintegró como presidenta de la Comisión de Gobernación; Xitlálic Sánchez Servín, presidenta de la Comisión de Justicia; José Luis Romero Calzada, presidente de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal; y Oscar Bautista Villegas, como secretario de la Comisión del Agua.
Además se incorporaron los legisladores Cecilia de los Ángeles González Gordoa, como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas; Juan Antonio Cordero Aguilar, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal; y María Lucero Jasso Rocha, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública; entre otras comisiones legislativas a las que se incorporaron los diputados. Después de su elección, los legisladores señalados tomaron protesta de ley para desempeñar sus cargos.
Los diputados José Luis Romero Calzada, Sergio Enrique Desfassiux Cabello, Oscar Carlos Vera Fabregat y María Rebeca Terán Guevara participaron en la Tribuna Legislativa para desarrollar diversos tópicos.
En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo; entes autónomo y paraestatales; ayuntamientos y organismo paramunicipal; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país; Particulares e Iniciativas.
Antes, en sesión solemne y con la presencia del Secretario General de Gobierno Alejandro Leal Tovías y el Magistrado Juan José Méndez Gatica, el pleno del Congreso del Estado tomó protesta de ley a la diputada María Lucero Jasso Rocha, suplente de la legisladora con licencia Josefina Salazar Báez.
Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión ordinaria programada a partir de las 10 horas del jueves uno de marzo del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Poder Legislativo de Jardín Hidalgo número 19.
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