Costo de licencias, afectan a pequeños y medianos empresarios

San Luis Potosí, SLP.- No se han dado denuncias de pequeños y medianos empresarios por un supuesto "cobro de piso" o extorsiones en San Luis Potosí.

Aunque la problemática que enfrentan es que no se han llegado a acuerdos con el municipio, sobre los cobros exagerados de las licencias de uso de suelo y de funcionamiento, es un tema que han abordado desde hace dos años y no hay solución a su petición.

Afirmó lo anterior el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Raúl Martínez Jiménez, quien señaló que éste es un tema pendiente con la autoridad municipal que ya va de salida y tal parece que no se llegará a un acuerdo.

"Tal parece que no se va a llegar a ningún arreglo, puesto que ya el alcalde está de salida y no ha dado instrucciones a los directores del municipio a los relacionados con este tema, pero no ha pasado nada de nuestra petición".

Sin embargo, dijo que como presidente local de Canacintra no ha tenido denuncia o queja de los empresarios por un posible acto de extorsión.

A nivel nacional, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que el clima de inseguridad afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas, quienes todos los días son víctimas de extorsión, cobro de piso, secuestro y robos.

“Los pequeños negocios que están al pie del trabajo todos los días, donde hay menos de 10 empleados, con un propietario que abre y cierra la cortina, son los que están sujetos a la violencia. Incluso el robo de mercancías en transporte, se ha incrementado”.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en 2015 el costo total como consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 138.9 mil millones de pesos, es decir, 0.73 por ciento del PIB.

El costo para las pequeñas empresas fue de 43.9 por ciento; para las medianas, 11.2 por ciento; y para las micro, 3.9 por ciento, considerando gastos en medidas de protección y las pérdidas a consecuencia del delito.