Ranchero demanda a Patrulla Fronteriza por colocar cámara de vigilancia

Un hombre del sur de Texas interpuso una demanda en contra de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de autoridades estatales por supuestamente traspasar e instalar una cámara de vigilancia en su propiedad sin su consentimiento.

El ranchero, Ricardo D. Palacios, de la comunidad de Encinal, al norte de Laredo, Texas, presentó la demanda contra Mario Martínez, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de Laredo, y contra Ernesto Salinas, un agente de la policía estatal de Texas.

La demanda argumenta que los agentes de la Patrulla Fronteriza invadieron el rancho de Palacios en múltiples ocasiones y continuaron con sus intrusiones incluso después que el dueño los enfrentó y les prohibió ingresar a su propiedad.

Raúl Casso, abogado de Palacios, dijo que su cliente no sabía por cuánto tiempo la cámara de vigilancia había estado allí antes de encontrarla ni si había otras cámaras aún escondidas en su rancho.

"Todos tienen un derecho razonable a la privacidad y al derecho a la propiedad privada", dijo Casso, en declaraciones al periódico The San Antonio Express News.

"Ese derecho está protegido con leyes contra el allanamiento y las intrusiones policiales injustificadas. En este caso, para colmo de males, tienen una cámara que escondieron en un árbol, vigilando las 24 horas, en una propiedad en la que ni siquiera debía estar", indicó.

Palacios encontró la cámara escondida en un árbol de mezquite cerca de la casa de su hijo. La propiedad de la cámara fue luego reclamada por agentes de la Patrulla Fronteriza y por el agente Salinas, exigiendo su devolución, según la demanda.

Salinas amenazó a Palacios con cargos de robo si la cámara no le era devuelta, precisó en la demanda.

La querella señala que a menudo Palacios encontraba agentes vagando libremente por su rancho, y cuando les pedía que se fueran, a veces afirmaban que estaban dentro de la franja de 40 kilómetros al norte de la frontera y actuaban así dentro de sus derechos, según los documentos ante la Corte.

La ley estadunidense permite que los agentes de inmigración accedan a tierras privadas, pero no a viviendas, con el propósito de patrullar la frontera para evitar la entrada ilegal de inmigrantes al país, siempre que se encuentren a una distancia de 40 kilómetros de cualquier límite externo de Estados Unidos.

Palacios dijo que su rancho, ubicado a unas 35 millas (unos 56 kilómetros) de la Carretera Interestatal 35, se encuentra fuera de este límite.

Con la demanda, Palacios busca una indemnización de 500 mil dólares por daños y por angustia mental y emocional junto a daños punitivos y honorarios de abogados.

Palacios solicitó a la Corte que declare que su rancho está ubicado a más de 25 millas del límite exterior del país y que Martínez, Salinas y los demás agentes quebrantaron la ley al ingresar a la propiedad privada sin una orden judicial, sin circunstancias apremiantes y sin su consentimiento.