Por primera vez en la historia, la Secretaría de la Función Pública (SFP) podrá vigilar y sancionar a los candidatos, equipos de campaña, empresarios o particulares, por actos de corrupción durante las elecciones.
Este año, la dependencia federal se une a las labores de vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para evitar que se use el proceso electoral para el enriquecimiento ilícito o la impunidad a actos de corrupción comprobados.
La SFP podrá sancionar a particulares que pacten canonjías con candidatos.
Las sanciones a aplicar son multas económicas e inhabilitaciones temporales para participar en adquisiciones.
Denominado De los Actos de Particulares en Situación Especial, la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene una innovación, en el artículo 73, al incluir a los candidatos a puestos de elección popular, a sus familiares y a sus equipos de trabajo, como sujetos de sanciones por actos de corrupción, cuando permiten que empresarios o todo tipo de particulares traten de quedar bien, con el objetivo de recibir beneficios una vez que ganan las elecciones.
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