Cristina Fernández acusa a Macri de perseguirla política y judicialmente

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández viuda de Kirchner, atribuyó hoy una nueva y millonaria denuncia en su contra a una persecución política y judicial que encabeza el gobierno del presidente Mauricio Macri.

La senadora presentó un escrito al juez Julián Ercolini para responder a la demanda por daños y perjuicios iniciada por Javier Iguacel, titular de la Dirección de Vialidad Nacional, quien la acusó de corrupción en el otorgamiento de obras públicas.

"El único argumento que tiene el gobierno en su demanda es la persecución política”, afirmó la exmandataria en un documento en el que también agregó que “la persecución selectiva” en contra de exfuncionarios kirchneristas “es animosa”.

Dijo que el gobierno “no sólo encarcela, sin razón (lógica y jurídica) a exfuncionarios públicos, sino que evita demandar a quienes ocuparan el cargo de Jefe de Gabinete".

Iguacel demandó civilmente a Fernández viuda de Kirchner; al exministro de Planificación, Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas, José López; al primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner y al empresario Lázaro Báez.

El funcionario exigió un resarcimiento de 22 mil 500 millones de pesos (unos mil 125 millones de dólares) por daños “ocasionado por los hechos de corrupción” que investiga Ercoloni en una causa judicial en la que el principal cargo contra la expresidenta es “asociación ilícita.

En su respuesta, la senadora calificó de “absurda” la demanda ya que pasa por alto a los empresarios beneficiados por obras viales, entre ellos al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, a sus exjefes de Gabinete y a gobernadores que aprobaron las licitaciones.

Además, consideró que Iguacel realizó “una demanda civil tan ridícula que pone en peligro el sistema de gobierno republicano" porque cuestiona las facultades ejercidas por gobiernos democráticos.

“La ausencia palmaria de los presupuestos de la responsabilidad evidencia un conglomerado político, mediático y judicial que apunta a denostar, demonizar, difamar y estigmatizar cualquier expresión política que exprese los intereses de los sectores populares", afirmó.