HRW sin facultad para verificar caso de Alejandro Gutiérrez

La organización Human Rights Watch (HRW) carece de especialistas para realizar peritajes médicos forenses y acreditar los supuestos actos de tortura en prisión en contra de Alejandro Gutiérrez, exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del (PRI), detenido por presunto desvío de recursos a campañas electorales.

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comentó que envió una carta al fiscal del estado de Chihuahua, César Augusto Peniche, donde rechazó la invitación para participar en el caso.

“Jamás accedimos a realizamos una tarea de esa naturaleza, en la primera oportunidad de darle una respuesta formal a las autoridades explique cuál es nuestra situación, nunca hemos hecho un estudio sobre el Protocolo de Estambul que es el instrumento adecuado para evaluar si hay o no maltratos a un detenido”, indicó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, Vivanco aclaró que el lunes respondió por escrito a la Fiscalía de Chihuahua que no se encargan de evaluar las condiciones médicas de un detenido de acuerdo con dicho Protocolo.

“La gran mayoría de los 400 funcionarios de HRW son más bien abogados, no tenemos la especialización en temas médicos no realizamos este tipo de verificación”, subrayó.

En ese sentido, recomendó a la Fiscalía que acuda con la organización Physicians for Human Rights, incluso ofreció establecer el contacto para realizar el procedimiento que necesitan.

“Es una entidad de médicos especializados, que son además arquitectos del Protocolo de Estambul, que está justamente diseñado para verificar este tipo de circunstancias; nosotros tendríamos el mayor gusto de poner a las autoridades de Chihuahua en contacto con esa organización que creemos que es la adecuada para hacer esa verificación de esa naturaleza”, apuntó.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez está preso en el Centro de Readaptación Social número 1 "Aquiles Serdán", en el estado de Chihuahua, y enfrenta cargos por participar presuntamente en operaciones de desvío de recursos públicos de la entidad para favorecer las campañas de candidatos priistas en 2016.