La impunidad ante violaciones graves a derechos humanos y los pendientes en la implementación de reformas que podrían combatirla dominan en el apartado sobre México del Informe Mundial 2018 de Human Rights Watch.
Mientras que el título del balance global es "Luchar por los derechos ofrece resultados exitosos", el resumen sobre México destaca que durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, las fuerzas de seguridad han estado implicadas en graves y reiteradas violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
"El Gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex Presidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México", se advierte en el documento.
Aunque se indica que en abril el Congreso aprobó la Ley General contra la Tortura, aclaró que aún no ha sido implementada.
Sobre las desapariciones forzadas en México, en el informe se expone que en general las autoridades no han identificado restos humanos hallados en fosas clandestinas en diferentes partes del país.
Además de que es habitual que los agentes del Ministerio Público no hagan las investigaciones básicas y hasta pidan a los familiares de los desaparecidos que ellos mismos hagan las indagatorias, se añade.
En ese contexto, HRW recuerda que no hay avances sustanciales en el caso Ayotzinapa, pues sólo un estudiante ha sido identificado, mientras que de los más de 100 acusados que hay ninguno es autoridad federal o estatal ni miembro de las Fuerzas Armadas.
En 2013, destacó, se creó una unidad dedicada a la investigación de desapariciones, la cual se convirtió en Fiscalía Especial en 2015, sin embargo, sus avances son limitados en la investigación y el juzgamiento de casos de desaparición forzada.
Lo mismo con la Ley General sobre Desaparición de Personas, promulgada en noviembre, pero que todavía no ha sido implementada.
El informe, presentado en París, Francia, por el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth, resalta que entre 2006 y 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió casi 10 mil denuncias de abusos por militares.
Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se ha pronunciado aún sobre la acción de inconstitucionalidad que la CNDH presentó contra reformas al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Militares, que otorgan, entre otras, facultades para allanar viviendas y edificios públicos e intervenir comunicaciones privadas.
En el informe se recuerda que en Tlatlaya al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, pero nadie ha sido condenado, pues la Procuraduría General de la República (PGR) apeló una sentencia que le ordenaba investigar a profundidad la cadena de mando.
Tampoco hay imputados en el caso de la ejecución arbitraria de 22 personas en Tanhuato, Michoacán, a manos de la Policía Federal.
Al 30 de abril de 2017, la PGR tenía 4 mil 390 investigaciones en curso sobre presuntos casos de tortura, advierte la organización internacional.
El ataque a periodistas y la corrupción, y falta de capacitación dentro del sistema de justicia penal son otros puntos que se abordan en el informe.
nacionales
