San Luis Potosí, SLP.- La transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a Fiscalía General, no es un proceso exclusivo de San Luis Potosí. Al cierre del 2017 se contemplaron 22 estados en proceso de transición, dos terceras partes de la República Mexicana pasarán de tener procuradurías a tener fiscalías.
La autonomía de la injerencia de otros poderes públicos es la principal motivación que ha generado la aprobación de las instituciones legislativas.
A pesar de que en San Luis Potosí ya se designó al fiscal general (Federico Garza Herrera, ex procurador), la institución aún no culmina su transformación ya que falta que se expida la Ley Orgánica de la Fiscalía.
“Una vez expedida esta Ley Orgánica, podríamos decir que estaría concluido este proceso”, señaló el especialista Jorge Chessal Palau.
Autonomía presupuestal, operacional y una independencia de las instituciones del Gobierno del Estado, son las principales motivaciones que presenta la Fiscalía.
Chessal Palau explicó que aunque el ente judicial operará de una forma autosuficiente, deberá de rendir informes constantes de actividades ante el Congreso del Estado y el Ejecutivo estatal.
¿Cuáles son las diferencias?
La Fiscalía trabajará bajo un plano de autonomía y no de subordinación. Además de tomar decisiones sin la intervención de otras dependencias estatales, la permanencia del fiscal no dependerá del criterio del gobernador constitucional en turno.
En caso de no funcionar o no dar los resultados esperados, el Congreso del Estado tendría la facultad para removerlo del cargo.
A diferencia de los funcionarios estatales, cuyo tiempo en gabinete será de seis años, el fiscal tendrá su puesto por siete.
“Estas dos novedades permiten que cada una tenga autonomía para realizar las cuestiones que consideren pertinentes”, agregó Chessal.
De acuerdo a Chrístel Rosales, investigadora del programa de justicia México Evalúa, se deberá de asegurar que todas las opciones político electorales garanticen la definición de una política criminal, capaz de articular la visión y prioridades en materia de seguridad y justicia, así como concentrar sus esfuerzos en el fortalecimiento institucional de las policías y fiscalías en el país.
Rosales consideró que es necesario cuidar escrupulosamente la definición de la Ley Orgánica, que ponga en el centro el modelo de investigación criminal, la profesionalización de sus servidores y la previsión de controles y contrapesos para la designación del Fiscal General.
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