Miércoles 24 de Abril de 2024 | San Luis Potosí, S.L.P.
nacionales

INE sanciona a siete partidos por aportaciones prohibidas

Agencias | 13/01/2018 | 09:54

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar a la coalición formada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, que postuló en 2012 a Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia, con 30 millones 304 mil 4 pesos, por usar tarjetas fondeadas a través de una empresa fantasma para pagar a representantes de casilla.
 
El INE también decidió sancionar a los otros seis partidos políticos nacionales que compitieron en las elecciones federales de 2012, por el mismo motivo, de la siguiente forma: 4 millones 112 mil pesos de sanción para la coalición del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, que postuló a Andrés Manuel López Obrador; 1 millón 484 mil pesos para el PAN, que presentó la candidatura de Josefina Vázquez Mota, y 978 mil pesos para Nueva Alianza, que postuló a Gabriel Quadri.
 
A través de un comunicado, el INE informó que el monto global de la sanción al PRI, Partido Verde, PRD, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el PAN y Nueva Alianza, asciende a 36.9 millones de pesos.
 
El Instituto llegó a la conclusión de que la empresa Logística Estratégica ASISMEX contrató a Bancomer la entrega de tarjetas de débito a representantes de partidos políticos, que estaban fondeadas con recursos provenientes de aportantes que no pudieron ser localizados por el INE o negaron toda relación con ASISMEX, compañía que tampoco fue localizada en el domicilio asentado ante el SAT.
 
Es decir, una empresa con las características típicas de una empresa fantasma dispersó recursos provenientes de otras empresas fantasma a través de Bancomer, con el fin de pagar a representantes de partidos políticos previo a la jornada electoral de 2012. Casi mil 400 millones de pesos fluyeron a través de este esquema, de acuerdo con el consejero Ciro Murayama.
 
La Unidad de Fiscalización del INE cruzó una base de datos entregada por Bancomer en diciembre pasado con los registros de representantes acreditados por los partidos para los comicios del 1 de julio de 2012, encontrando 7 mil 311 casos en que el nombre de un representante de un partido político fue encontrado también en la base de datos de beneficiarios del dinero de ASISMEX.
 
Los 7 mil 311 representantes recibieron, en total, 18 millones 441 mil pesos y el desglose por coalición es el siguiente:
 
PRI-PVEM: 5 mil 613 representantes recibieron 15 millones 152 mil pesos
 
PRD-PT-MC: mil 26 representantes recibieron 2 millones 58 mil pesos
 
PAN: 369 representantes recibieron 742 mil pesos.
 
Nueva Alianza: 243 representantes recibieron 489 mil pesos.
 
Los representantes ante el INE del PAN y de Movimiento Ciudadano, Eduardo Aguilar Sierra y Juan Miguel Castro Rendón, rechazaron que sus partidos hayan pagado a la empresas ASISMEX o contratado los servicios de Bancomer para pagar a representantes de casilla.
 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, refirió que este asunto es un ejemplo de lo que se quiere lograr con la fiscalización, la cual debe trascender la dimensión contable, ya suficientemente probada y consolidada, hacia un trabajo de inteligencia financiera que nos permita desenmascarar las redes de financiamiento paralelo, con el objetivo de revindicar la actividad política.
 
Señaló que el propósito de la fiscalización no es hundir a nadie ni sancionar a los partidos políticos como si éste fuera un fin en sí mismo, “sino recuperar la dignidad de la política democrática, entendida ésta como el juego limpio, como el juego transparente por el poder político”.
 
El proyecto aprobado da vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, para que actúen en el ámbito de sus atribuciones y determinen lo que en derecho corresponda, respecto de las conductas irregulares advertidas en la secuela procedimental que no son competencia del INE.