Ombudsman alerta sobre el aumento de violencia en el sur de Colombia

La Defensoría del Pueblo emitió hoy las Alertas Tempranas sobre el incremento de la violencia en el sureño departamento de Nariño, y en particular en el puerto marítimo de Tumaco, una de las zonas de mayor presencia de las bandas criminales del narcotráfico.

El reporte del organismo alertó del “incremento de las acciones violentas en Tumaco y en municipios ubicados en la cuenca del río Patía, especialmente Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí”, ubicados estratégicamente sobre el pacifico, que es la principal ruta de las mafias para exportar la droga.

Estas amenazas fueron informadas a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), ante el “grave escenario de riesgo de vulneraciones de los derechos fundamentales para la población civil, que comienzan con el aumento de homicidios a pesar de los esfuerzos de las autoridades”.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “en el 2016 se registraron 152 homicidios en San Andrés de Tumaco y según información preliminar de la Policía Nacional y de la Secretaría de Gobierno, en el 2017 ocurrieron 222, es decir, 70 casos más”.

Para la Defensoría del Pueblo es “preocupante que la situación se agrave, ya que en tan solo seis días, entre el 29 de diciembre de 2017 y el 3 de enero de 2018, se registraron 14 homicidios en Tumaco, la mayoría de personas jóvenes”.

A estos casos se suma “lo ocurrido el pasado 8 de enero en el municipio de Policarpa (Nariño), cuando fueron asesinadas cuatro personas en la vereda Santa Rosa del corregimiento Santa Cruz, al parecer, por acciones armadas del ELN y otros grupos armados ilegales. Otras tres personas fueron llevadas amarradas y hasta ahora se desconoce su paradero”.

Recordó que en el barrio Bello Horizonte del municipio de Barbacoas, “el pasado 2 de enero asesinaron a dos menores de edad, de 13 y 14 años. Y ese mismo día, en la vereda Piscuandé del municipio de Roberto Payán, fueron encontrados tres cuerpos en alto grado de descomposición, con un letrero que decía ‘feliz navidad y próspero año nuevo'”.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha advertido que “el escenario de confrontación entre grupos armados ilegales en Tumaco y en la cuenca del río Patía, hace prever la ocurrencia de hechos violentos que podrían generar graves consecuencias humanitarias”.

En la zona se han incrementado las “restricciones a la movilidad de los pobladores a determinadas horas de la noche; amenazas contra líderes sociales, autoridades étnicas, defensores de derechos humanos y autoridades locales; reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes; extorsiones; confinamientos de la población, desplazamientos forzados individuales y masivos, siembra de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados”.

Para la Defensoría del Pueblo la violencia está en aumento debido “a la ocupación de los espacios abandonados por las FARC–EP, en Tumaco y en la cuenca del río Patía, por los grupos armados ilegales integrados por personas que no se acogieron al proceso de paz o que se apartaron del proceso de reincorporación”.

Las disidencias de las FARC que operan en Nariño, se autodenominan "Guerrillas Campesinas", "Resistencia Campesina", "Guerrillas Unidas del Pacífico", "Los del Vaca" y "Los de Sábalo".

Además, está “la disputa por el control del territorio o las alianzas entre grupos armados ilegales en torno al negocio del narcotráfico, está afectando los derechos fundamentales de la población afrocolombiana, indígena y campesina de Tumaco y la que habita sobre la ribera del río Patía”.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), “aprovechando las áreas abandonadas por las Farc, amenazan con generar disputas por el control poblacional, territorial y la economía ilegal del narcotráfico y la minería ilegal que hay en el corredor del río Patía”.

La Defensoría del Pueblo considera que el reforzamiento de la presencia militar y policial en Tumaco y la costa Pacífica nariñense “es un factor que permitirá fortalecer la seguridad y la investigación de los hechos violentos ocurridos en ese territorio”.

Sin embargo, la grave problemática humanitaria y social de esa región “requiere una respuesta integral del Estado para superar las condiciones de vulnerabilidad de la población que carece del acceso a los derechos a la educación, salud, trabajo, agua potable y saneamiento básico, entre otros”.

En la víspera el gobierno colombiano movilizó más de dos mil militares para reforzar la seguridad en el departamento de Nariño, que es una de las regiones de mayor violencia por parte de los grupos armados ilegales al servicio de las mafias de la droga.