La constructora Odebrecht y un funcionario de Pemex han interpuesto tres amparos para evitar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) resuelva los procedimientos administrativos que ha instruido en su contra.
De esta manera, informaron fuentes de la SFP, los implicados han conseguido retrasar tres resoluciones que prácticamente se encontraban listas para ser emitidas por la dependencia.
Dos de los amparos fueron interpuestos por la empresa; el otro, por un funcionario de Pemex implicado en uno de los contratos que la petrolera firmó con la constructora.
En el transcurso del último año, la SFP ha iniciado ocho procedimientos administrativos: seis contra la firma brasileña, sus representantes legales y sus filiales y dos contra funcionarios de Pemex.
Hasta el momento, la SFP sólo ha resuelto dos casos: uno contra la constructora, a la que suspendió por cuatro años para obtener contratos del gobierno federal.
El otro, contra Marco Antonio Sierra Martínez, superintendente de obra de Pemex, a quien destituyó del cargo, inhabilitó por 10 años e impuso una sanción económica por 119 millones de pesos.
En ambos casos los sancionados pueden impugnar las resoluciones ante la SFP o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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