DE ACUERDO CON PERSONAL DE socorro y protección civil, solo bastan 4 segundos para tener una mano completa o perderla del todo por un accidente de pirotecnia. La quema irresponsable de pólvora se convierte en esta temporada en el principal factor para que las salas de urgencias de hospitales y sanatorios públicos y privados estén al tope de trabajo; y seguimos sin entender, como padres, en la mayor parte de los casos, que el usos de este tipo de artificios siguen siendo el principal factor para quemaduras hasta de tercer grado, en casos peores sí se han dado accidentes fatales. En algunos países se han dado a la tarea de organizar recorridos por las áreas de tratamientos a niños quemados, para padres e hijos, un recordatorio en imágenes y experiencias vivas del peligro de la pirotecnia. Que no importa que sean “cuetitos chiquitos”, muchas veces los niños los cargan en las bolsas de los pantalones o en bolsas plásticas todos juntos, lo que puede convertirse en un artilugio explosivo, de mucho daño.
UN DATO RELEVANTE ES QUE EL 45 por ciento de las víctimas de lesiones de pirotecnia son menores de 15 años. Por esta razón y para evitar consecuencias graves, se invita a los padres o cualquier adulto responsable, a que midan el riesgo en que ponen a los niños al permitirles la adquisición y manipulación de los petardos y fuegos de artificio.
ACONSEJA, ANTE TODO, SEGUIR las instrucciones escritas en la etiqueta y luego explicárselas a los niños.
TAMBIÉN SE RECOMIENDA EL uso de fuegos artificiales fuera de la casa y en un sitio donde se pueda tener acceso al agua. Asimismo, se insta a que se encienda solo un petardo o cohete a la vez y no arrojarlo o apuntarlo hacia otros.
ES NECESARIO RECORDAR QUE nunca hay que tratar de volver a encender un explosivo que no llegó a estallar, ni transportarlos en los bolsillos. No sea usted parte de la estadística.
LO QUE AÚN SIGUE PLANTEANDO muchas dudas y que en medida de lo posible hay que seguir investigando, es sobre la Ley de Seguridad Interior, que a través de las redes sociales se han generado importantes pronunciamientos, la mayor parte de ellos en contra, por lo que se considera un riesgo respecto a la militarización del país. Pero la verdad es que muchas voces que se han levantado en este sentido ni siquiera han leído dicha ley con detenimiento, para saber cuáles son los alcances que pretende el gobierno y cuáles son los riesgos para los ciudadanos.
USTED, AMIGO LECTOR, AL IGUAL que otros muchos ciudadanos, se preguntará ¿cuál puede ser la diferencia de tener al ejército en la calles, si están desde casi 10 años, cuando el ahora ex presidente de la República, Felipe Calderón, inició la famosa Guerra contra el Narco? Y es que efectivamente, de ese tiempo a la fecha el ejército ha tenido un papel de fuerza emergente y de apoyo en las acciones y operativos. Pero también sin ningún sustento legal dentro de la Constitución, para la realización de sus acciones así como de la consecuencia de sus actos.
SI USTED TIENE LA IDEA DE QUE este asunto es únicamente un capricho del gobierno de la República para tener más control sobre la sociedad civil, tener la facultad de hacer uso de las fuerzas armadas para reprimir a la población civil, según convenga y ello convierta al régimen de gobierno en una dictadura militar, déjeme comentarle que esa es precisamente la visión que guardan la mayor parte de las organizaciones civiles y no gubernamentales e internacionales que han atacado la iniciativa y que han pedido el veto para la misma. No cabría duda de que los organismos dedicados a la protección de los derechos humanos verían en dicha ley una amenaza latente por la certeza que existe de que el Ejército, no solo en México sino en ningún país del mundo, está entrenado ni focalizado a realizar acciones de prevención, investigación y patrullaje de vigilancia entre la población civil, lo que generaría una oleada de violaciones, vejaciones y hasta crímenes cometidos por el Ejército, que incluso podrían ir en deterioro de su imagen.
PERO LA REALIDAD PODRÍA SER más distinta a una visión simple o hasta romántica, si quiere usted verlo de esa manera. La realidad es que en San Luis Potosí, como en ningún otro estado de la República Mexicana, las corporaciones locales tienen la capacidad técnica NI MORAL, para poder hacer frente a la delincuencia ante la inercia de años de infiltración; corrupción y otras componendas del interés fáctico de la delincuencia, como un contexto real de nuestro país, y en segundo lugar, no porque el señor presidente de la República lo quiera así. Fíjese bien, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) han puesto los puntos sobre la íes en el sentido de no continuar realizando labores de combate a la delincuencia sin tener un respaldo legal que no deje limbos de tipo jurídico ni ante derechos humanos cuando un civil es abatido por el Ejército, pues esto les ha traído problemas legales a lo largo de los años, que en muchos casos no se han resulto y ponen en entredicho sus acciones. Ha sido el Ejército el que no quiere seguir en la calles si las cosas siguen así, y continúan como desde un principio “como el Borras”.
Hasta la Próxima
