Se están pasando de tueste

YA EN LO QUE ES LA RECTA FINAL del año 2017, seguimos acumulando cosas que aún no se concluyen y la verdad, ya se están pasando de tiempo para tener resultados. Podemos citar en primer lugar, todos los asuntos que aún están por saber en qué van o en qué terminan por parte de la procuraduría de Justicia del estado, que ahora está ya está en puerta para convertirse en la Fiscalía General. Uno de los que llamaron más atención, sobre todo en la reacción de la prensa internacional y organismos extranjeros, fue el asesinato del compañero fotógrafo Daniel Castro, terrible y emblemático suceso acompañado de un video. La única novedad de trascendencia hasta el momento, fue la muerte de su madre por un infarto, tras el tiempo de soportar el duelo. Todos y cada uno de los casos de personas desaparecidas, entre ellos el de la niña Zoe Zuleica, de quien aún no se sabe nada y no se dice nada, más que el clamor de sus propios familiares que no perdieron la oportunidad de celebrar su cumpleaños a las puertas del palacio de Gobierno, repartiendo rebanadas de pastel a los transeúntes, como parte de la exigencia a la autoridad para avanzar en esta investigación. La aún vigente búsqueda de justicia para la joven edecán del antro disco Play de la avenida Carranza, Karla Pontigo Luciotto, cuyo resultado de Homicidio Culposo dejó muchas dudas, y que ahora buscan reabrir a fin de aclarar las circunstancias sospechosas sobre la “puerta asesina” que le cegó la vida.

Y VAMOS QUE LA LISTA PUEDE SER larga. Pero hoy haré referencia también a la investigación que por corrupción al interior del Congreso del Estado, supone uno de los trabajos de especial importancia por parte de la Procuraduría de Justicia, en su momento, y que deberá de concluir ahora como Fiscalía General. Desde hace ya aproximadamente 6 meses que se estableció la denuncia a raíz del famoso video presentado, por el tristemente célebre alcalde Crispín Ordaz, que aún se pasea como “la divina envuelta en huevo” y no se sabe que recaiga sobre él alguna investigación. De un tiempo a la fecha, en torno a este caso han declarado, sepa usted, 70 funcionarios públicos distintos, entre alcaldes, diputados y diversos testigos respecto a la supuesta red de corrupción dentro del Congreso del Estado. Ya existe un expediente al respecto en donde no se menciona, en ningún espacio, a los diputados que resultaban involucrados por “dicho”. No obstante que dos de ellos solicitaron licencia para que se llevaran a cabo las investigaciones. Pero la realidad es que no hay nada al respecto, y el señor fiscal general Federico Garza Herrera, lo sabe y por circunstancias que también solo él sabe, no se ponen “sobre el muerto las coronas”. El caso es que en los indicios que se tienen solo se involucra a un diputado y ese es Enrique Flores y nadie más. Se está pasando de tueste este asunto, sin que los potosinos tengan ya el resultado que esperan de este penoso escándalo para el Congreso del Estado.

UN ASUNTO QUE NO PODEMOS dejar de mencionar en ocasión a este momento, es la tan sonada ley de seguridad interior, que se discute en el Senado de la República, y que por una situación de tipo político pareciera ser que no se entiende, o no quiere entenderse, o bien tal vez aquellos que lo entienden muy bien quieran obtener raja política del asunto, de cara al 2018. Se habla de la militarización del país, que visto de primera mano y por supuesto dada la lectura que le han dado organismos internacionales, como Naciones Unidas, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ven en este asunto un factor de peligro, comparado con países cuyo régimen militar ha traído consigo las más infames violaciones a los derechos humanos por parte de los soldados, vejaciones y crímenes de toda índole. Pensando así, por supuesto resulta de miedo.

EN SU PARTICIPACIÓN EN LAS comisiones dictaminadoras de la minuta a la Ley de seguridad interior en el Senado de la República, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, dio el respaldo de los y las potosinas a esta iniciativa, porque fortalece el estado de derecho y la coordinación interinstitucional, y dará certeza en el respeto a los derechos humanos.

EL TITULAR DEL EJECUTIVO subrayó que la armonización con las fuerzas federales (Ejército, Armada, Marina y Policía Federal), deriva de nuestra Constitución ya que vivimos dentro de un régimen federativo, “una de las demandas más importantes que tenemos en los estados y sus regiones, donde tenemos índices delictivos altos, es la seguridad; hay esquemas delictivos que sobrepasan el fuero común”.

PERO CREO QUE DEBEMOS también ser responsables y no dar un argumento simplista a un asunto que requiere especial atención por el servicio que históricamente ha dado el ejército a nuestro país en una gran variedad de circunstancias, y que hoy por hoy sigue siendo el único capaz de hacer frente a la delincuencia organizada. Si se mantiene en las calles apoyando a las policías o haciendo labores de patrullaje, es necesario dotar de un piso jurídico sus acciones a fin de que sean sustentadas y ligadas a una responsabilidad correspondiente. Si no tienen esto, deberán regresar a sus cuarteles y a ver cómo se las arreglan estados y municipios con lo que no tienen. No hay de otra.

¡¡HASTA LA PROXIMA!!