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Panistas proponen juicio político para presidentes

La iniciativa indica que durante su cargo y hasta tres años después de concluido su mandato, pueda ser acusado por hechos de corrupción y ser sometido a juicio.

Agencia | 07/12/2017 | 17:13
Senadores del PAN presentaron una iniciativa para que el Presidente de la República, durante su cargo y hasta tres años después de concluido su mandato,  pueda ser acusado por hechos de corrupción, violaciones a la Constitución y a leyes federales.
 
De igual forma, propusieron que el titular del Poder Ejecutivo Federal pueda ser sujeto de juicio político, como los demás funcionarios públicos, toda vez que el “trato especial” que se le otorga en la Carta Magna ha propiciado inmunidad e impunidad en torno a la figura presidencial.
 
En el artículo 108 de la Constitución se establece que el Presidente de la República “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, durante el tiempo de su encargo, disposición que limita las posibilidades de combatir la impunidad y hacer justicia, destacaron.
 
Lo anterior, expusieron, representa una clara diferencia respecto a otros países de América Latina, como Perú, Uruguay y Chile, los cuales prevén en sus legislaciones la facultad de juzgar al presidente después de concluida su gestión.
 
Respecto al juicio político, indicaron que el primer párrafo del Artículo 110 constitucional omite al Presidente de la República como sujeto de esta disposición, lo cual junto con el Artículo 108, conforma un paquete inmunidad e impumnidad absoluta.
 
El juicio político es un instrumento de control parlamentario que permite destituir a un funcionario público, y en varias naciones de Latinoamérica el titular del ejecutivo federal está sujeto a ese procedimiento, se resalta en el texto de la iniciativa.
 
En México, se añade, el Presidente de la República sólo puede ser responsable penalmente; no tiene responsabilidad política debido a que el proceso por el cual se le puede sancionar es la declaración de procedencia por un juicio penal, pero con un trato especial, como lo establece el Artículo 111 de la Constitución.
 
Los senadores refieron que derivado de las circunstancias de la presente administración en la que durante cinco años los ciudadanos han sido testigos del mal desempeño y constantes acusaciones de corrupción que manchan la investidura presidencial, es necesario reformar la Constitución.
 
“Se debe poner sobre la mesa que el Presidente de la República responda por violaciones a la Constitución, así como a leyes federales, y ser sujeto de juicio político, como cualquier otro funcionario público”, sostuvieron.
 
Al presentar la propuesta en tribuna, el senador Juan Carlos Romero Hicks expuso que el mayor escándalo de este gobierno es la corrupción y su madrastra, la impunidad; los casos del Tren México-Querétaro, la Casa Blanca, Higa, Odebrecht, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el socavón de Cuernavaca, así lo revelan.
 
“Por conductas de menor gravedad cayeron el presidente y la vicepresidenta de Guatemala, la presidenta Dilma Rousseff en Brasil “, sostuvo.
 
Por su parte, en conferencia de prensa, el senador Ernesto Ruffo Appel indicó que en un estudio de legislación comparada, “para sorpresa nuestra, las constituciones de Venezuela y Cuba se encuentran igual de laxas que la mexicana” en esta materia.
 
Por ello, dijo, es necesario contar con un marco jurídico constitucional preciso y no con uno que contenga vaguedades que evita combatir hechos de corrupción tolerados o promovidos por los presidentes.
 
En tanto, el senador Francisco Búrquez Valenzuela lamentó que el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, haya desestimado la iniciativa al considerar que el Presidente de la República no es como cualquier ciudadano, por lo que destacó que las épocas de mexicanos de primera y de segunda se acabaron.
 
“El Presidente tiene que predicar con el ejemplo porque la gente está harta y este es un paso importante para desmitificar la figura presidencial, que sola se ha venido deteriorando”, concluyó.
 
La iniciativa, promovida también por las senadoras Marcela Torres Peimbert, Sylvia Martínez Elizondo y Sandra Luz García Guajardo, así como por los senadores Víctor Hermosillo y Celada y Daniel Ávila Ruiz, obtuvo el respaldo de senadores otros grupos parlamentarios e independientes.
 
Fue turnada por la Mesa Directiva a las comisiones unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.
 

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