Ahora que está en el congreso de la unión la polémica por la llamada ley de seguridad interior cuyo principal punto de discusión se refiere al auxilio del ejército en la tarea de preservar la seguridad pública, bien vale la pena recordar que desde que durante su mandato el gobernador Marcelo de los Santos pidió y obtuvo el envío de numerosos grupos militares a respaldar el combate al crimen organizado que ya había ejecutado al secretario de seguridad Jaime Flores Escamilla y mantenía secuestrados a la hija de uno de los más conocidos empresarios de Ciudad Valles así como a un miembro de una prominente familia propietaria de firmas chicleras internacionales y de lujosos desarrollos residenciales fue como más o menos se pudo contener el avance de esa inmensa oleada delincuencial que tenía cooptados, evidentemente, a los encargados del aparato de seguridad, lo que, sin el apoyo de las fuerzas castrenses, jamás se habría logrado en función de la notoria inferioridad en capacitación y equipamiento de los criminales en comparación con la insuperable inferioridad de las corporaciones policiacas locales frente a ellos en ambos aspectos.
En este orden, puede asegurarse sin temor a equivocaciones que San Luis Potosí es uno de los estados del país que más está en deuda con las fuerzas castrenses pues gracias a su presencia los cárteles vieron cortado su avance en el dominio del estado aunque, obviamente no han dejado de operar pues los grupos militares que están aquí intermitentemente son reubicados o recortados, lo que, extrañamente, no ha provocado que protesten o se inconformen las autoridades estatales por la indefensión social que ello ocasiona.
Consciente de dicha circunstancia, el régimen de Fernando Toranzo durante todo el sexenio no dejó de apostar al verde olivo militar como efectivo escudo de defensa ante el avance del delito lo que lo llevaba razonablemente, a festejar ruidosamente cada vez que enviaban nuevos contingentes de elementos militares por la impresión de seguridad y tranquilidad que instalaba entre los potosinos ese hecho.
Así entonces por ese sólido respaldo que siempre han brindado a la preservación de la seguridad pública potosina las fuerzas amados SLP debe ser el primero que se oponga al retiro del ejército de las calles como muchos lo exigen en el marco de la discusión de la nueva ley de seguridad interior bajo la consigna de que sea retirado de las calles para que no se militarice el país pese a que los expertos ya han dictaminado que no es algo irregular su participación en la defensa de la seguridad pública apoyo que podría utilizarse como argumento para demandar el envío de más efectivos militares a esta plaza que harto los necesita por el repunte delincuencial lo que no debe hacer cruzar los dedos porque no prosperen las demandas respecto de que sean retirados de las calles.
CABOS SUELTOS
Sin cargos que enfrentar, el diputado perredista José Guadalupe Torres quien había solicitado licencia para ausentarse de la diputación se apresta a regresar a su curul a fin de estar presente en la última sesión legislativa del 14 del mes en curso lo que nadie ve como un problema que lo haga pues la procuraduría ya tiene claro el camino que seguirá para resolver el caso de los involucrados en el escándalo de las extorsiones a alcaldes para sanear sus cuentas públicas…
