Población Rohingya en Myanmar son víctimas del "apartheid"

Amnistía Internacional (AI) acusó hoy a Myanmar de impulsar un régimen de "apartheid" contra la minoría musulmana Rohingyas, al promover un sistema “institucionalizado" de discriminación y violar a diario sus derechos humanos.

“El pueblo rohingya de Myanmar está atrapado en un cruel sistema de discriminación institucionalizada y patrocinada por el Estado que constituye apartheid”, subrayó la organización internacional en un informe sobre crisis actual de los rohingyas en el estado birmano de Rakhine.

Bajo el título “Prisión a cielo abierto”, AI contextualiza la reciente oleada de violencia en Myanmar, en la que las fuerzas de seguridad han provocado la muerte de muchos rohingyas, han incendiado sus pueblos, reduciéndolos a ceniza y han forzaron a huir a más de 600 mil personas al vecino Bangladesh.

“Las autoridades de Myanmar mantienen a las mujeres, hombres y niños y niñas rohingyas segregados e intimidados en un sistema deshumanizador de apartheid. Se violan sus derechos a diario y la represión se ha intensificado aún más en los últimos años”, indicó Anna Neistat, directora general de Investigación de AI.

Este sistema, agregó, parece concebido para hacer que la vida de las personas rohingyas sea lo más desesperada y humillante posible. La brutal campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad de los últimos tres meses no es más que otra manifestación extrema de esta actitud atroz.

El informe es una investigación de dos años, en el que revela cómo las autoridades limitan rigurosamente casi todos los aspectos de la vida de las personas rohingyas en Rakhine confinándolas a una existencia similar a la que se vive en un gueto, en la que tienen dificultades para acceder a la atención médica y la educación y, en algunas zonas, incluso para salir de su pueblo.

“La situación actual cumple todos los requisitos de la definición legal del crimen de lesa humanidad de apartheid”, subrayó la organización defensora de los derechos humanos, con sede en esta capital.

Aunque la población rohingya lleva decenios sufriendo en Myanmar una discriminación sistemática patrocinada por el gobierno, la investigación de Amnistía Internacional revela que esta represión se intensificó enormemente a partir de 2012, cuando se extendió en el estado la violencia entre las comunidades budista y musulmana.

La comunidad rohingya del estado de Rakhine está básicamente aislada del mundo exterior y sometida a severas restricciones a su libertad de circulación que la confinan en sus pueblos y municipios. Estas restricciones se imponen a través de una intrincada red de leyes nacionales, “órdenes locales” y políticas que implementan las autoridades del estado exhibiendo un comportamiento abiertamente racista, indicó.

La investigación de AI revela también que las autoridades de Myanmar han lanzado una campaña deliberada para despojar a la población rohingya incluso de las limitadas formas de identificación con las que cuentan.

“Desde 2016, el gobierno dificulta enormemente que las personas rohingyas inscriban a los recién nacidos en las “listas de hogares” que a menudo son la única prueba que tienen las familias rohingyas de que residen en Myanmar. Mientras tanto, en el norte del estado de Rakhine, quienes no están en su domicilio durante las “comprobaciones de población” anuales corren el riesgo de ser borrados totalmente de los registros oficiales”, abundó.

Una consecuencia de esta campaña es que es casi imposible que las personas rohingyas que han huido del país regresen a su casa, lo que es especialmente preocupante dado que las operaciones militares de 2016 y 2017 han empujado a casi 700 mil personas a huir a Bangladesh, donde viven en campos para personas refugiadas en condiciones desesperadas.

“Hay que devolver urgentemente los derechos y la condición jurídica de las personas rohingyas, y reformar cuanto antes las discriminatorias leyes de nacionalidad, tanto para quienes permanecen en el país como para las que desean regresar. No se puede pedir a los hombres y mujeres rohingyas que han huido de la persecución en Myanmar que vuelvan a un sistema de apartheid”, indicó Neistat.

AI subrayó que Myanmar tiene la obligación legal de desmantelar el sistema de apartheid en Rakhine y garantizar asimismo la rendición de cuentas de los responsables de cometer actos que constituyen crímenes de lesa humanidad.