El inadecuado reconocimiento legal de los pueblos indígenas como titulares de derechos, aunado a la discriminación estructural, son la base de los retos que enfrenta el Estado mexicano en materia de derechos de los pueblos indígenas, afirmó la Relatora Especial de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz.
En conferencia de prensa, tras concluir su visita al país, la funcionaria advirtió que persisten retos importantes en temas como tierras y territorios; autonomía, libre determinación y participación política; auto-adscripción de los pueblos indígenas y acceso a la justicia.
Asimismo, también detectó fallas en cuanto a combate a la violencia e impunidad; el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo; consulta y consentimiento libre, previo e informado; derechos económicos, sociales y culturales, y la situación particular de sectores específicos de los pueblos indígenas.
Dijo que las iniciativas de los pueblos indígenas en el ámbito de la autonomía y el autogobierno debieran gozar de un reconocimiento mayor, y ser reconocidas e incorporadas en la estructura política general del país.
"Algunas de estas propuestas han sido reconocidas por las autoridades federales y estatales, lo cual es una buena práctica, como en las sentencias del tribunal electoral sobre el caso de Cherán, Michoacán", puntualizó.
Asimismo, dijo que aunque hay avances en la posibilidad de registrar candidaturas independientes indígenas, hizo un llamado a los partidos políticos para incluir en sus listas a candidatos indígenas.
Al mimo tiempo, refirió que recibió información sobre prácticas persistentes de presiones indebidas sobre los indígenas para influenciar su voto durante procesos electorales.
La relatora cuestionó el procedimiento de consulta libre previa e informada para llevar a cabo megaproyectos en territorios indígenas, pues dijo, la mayoría de las veces las decisiones ya están tomadas.
En sus conversaciones con más de 200 líderes indígenas, expuso, hubo reiteradas preocupaciones sobre la reforma energética de 2013 y sobre el establecimiento de zonas económicas especiales en tierras indígenas.
Advirtió que los pueblos indígenas a menudo experimentan situaciones de extrema violencia, muchas veces relacionados con cuestiones de tierras y territorios.
"Se me han presentado numerosos casos de graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en diferentes Estados de la nación durante mis reuniones. Muchos de ellos siguen pendientes de resolución.
"Estos incluyen alegaciones de masacres, asesinatos, desapariciones forzosas, violaciones, torturas y desplazamientos forzados que se atribuido a individuos, el crimen organizado, grupos paramilitares, oficiales de la ley y militares, a menudo en el contexto de proyectos de desarrollo que afectan a sus tierras y recursos".
Los integrantes de los pueblos indígenas, señaló, enfrentan dificultades particulares para acceder a la justicia.
Indicó que la presencia de crimen organizado, caciques, y otros grupos armados ha causado un clima de violencia, impunidad y desintegración social y cultural, que ha tenido como resultado final un gran número de desplazamientos de familias y comunidades enteras hacia áreas urbanas o hacia otras comunidades indígenas.
Además, alertó sobre el reclutamiento de niños y jóvenes indígenas a las filas del crimen organizado.
Sobre las comunidades indígenas afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, advirtió que éstas no han sido atendidas de manera adecuada y que están viviendo en condiciones inhumanas.
La visita de la Relatora tuvo un doble propósito: examinar la implementación de las recomendaciones realizadas por su predecesor, Rodolfo Stavenhagen, en 2003, y evaluar cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales de derechos humanos en relación con los pueblos indígenas.
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