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Seguridad militarizada ha tenido consecuencias graves: WOLA

La estrategia de seguridad y contra la delincuencia organizada está sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia.

Agencia | 08/11/2017 | 10:04
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés) señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar.
 
El reporte, publicado este martes destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.
 
“La supervisión civil de las fuerzas armadas es esencial en cualquier democracia y, sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, Asociada para México de WOLA y autora principal del informe. 
 
En texto, titulado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”,  se puntualiza que la  PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares entre el 2012 y el 2016, y  sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos.
 
“Por demasiado tiempo los políticos mexicanos se han apoyado en el Ejército para acabar con la inseguridad y combatir a la delincuencia organizada  sin responder por las consecuencias de esas decisiones. En un momento en que el Congreso Mexicano todavía está considerando aprobar legislación que validaría la participación militar en tareas de seguridad pública, tienen que rendir cuentas por los costos humanos de la militarización”, dijo, por su parte,  Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.
 
El informe “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México” analiza los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados mexicanos, los casos que han sido investigados y sancionados en el sistema de justicia civil y los que permanecen sin castigo.
 
Han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia. El fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público se ha dejado en segundo plano. Estados Unidos también apoyó este enfoque durante los primeros años de la asistencia en materia de seguridad a México, pues a través de la Iniciativa Mérida una parte significativa de los recursos se destinaron a las fuerzas armadas mexicanas.
 
La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente. Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México.
 
La seguridad militarizada ha tenido un impacto negativo en el sistema de justicia de México. El sistema de justicia civil enfrenta retos—incluyendo acciones relacionadas con las autoridades militares que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones—para que las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados se castiguen.
 
Las investigaciones civiles son la única posibilidad de justicia y verdad para las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados y por ello la mayor apuesta de las autoridades debería ser fortalecer el sistema de justicia civil. Actualmente pasa lo contrario: la amenaza de aprobar leyes—como una Ley de Seguridad Interior que validaría la participación militar en la seguridad pública—que debiliten el sistema de justicia civil y otras reformas que serían un retroceso para el sistema penal acusatorio.
 
Este informe establece una ruta para fortalecer el sistema de justicia civil y mejorar las investigaciones contra soldados. En la primera sección se explican las reformas a la jurisdicción militar en México, posteriormente las estadísticas y los obstáculos cuando se investiga a soldados en el sistema de justicia civil, así como la falta de investigación de la cadena de mando. En la última sección se hacen recomendaciones y se resalta que si las autoridades tienen la voluntad política pueden lograr investigaciones civiles eficaces en contra de soldados implicados en violaciones a los derechos humanos y acabar con la impunidad en estos casos.
 
 
 

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