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El llamado de la CNDH, no se puede echar en saco roto.

Detrás del Telón

Armando Limón Hernández | 05/11/2017 | 03:01
EL LLAMADO QUE HA EMITIDO LA Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los gobiernos estatales, para que atiendan todo lo relacionado al fortalecimiento penitenciario de su estados de manera prioritaria, deberá de ser tomado en cuenta, sobre todo dándole la atención en su justa dimensión, para evitar que en corto plazo se puedan convertir en verdadera bombas de tiempo, como ocurrió al menos en San Luis Potosí, el fatídico sábado 27 de abril del 2013 cuando se registró una riña que dejó como saldo la muerte de 13 internos y 65 más lesionados.
 
NO SE PUEDE ECHAR EN SACO roto los recientes señalamientos del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien pidió a los gobiernos estatales y locales que atiendan las recomendaciones y los informes que se les han emitido sobre lo que está sucediendo en los penales.
 
ADEMÁS, LO QUE SE CONOCIÓ recientemente con el caso del interno Luis Alberto González Nieto, alias El Tatos, al interior del penal de Chiconautla, es el fiel reflejo de lo que ocurre en la mayoría de los penales de nuestro país, donde prevalecen las prácticas de autogobierno, la impunidad y demás cosas terribles que pueden poner en riesgo la propia integridad de quienes por alguna circunstancia compurgan penas por delitos menores.
 
YA ES TIEMPO DE TOMAR CARTAS en el asunto, donde San Luis Potosí no puede estar ajeno a ello y para lo cual se requiere de toda la voluntad de las autoridades para comenzar a fortalecer el sistema penitenciario del Estado, mediante acciones que estén encaminadas a generar la contratación de personal de custodia que tenga un verdadero perfil de servicio y no una formación estrictamente policial o militar, pues en los últimos años se ha observado que esta condición no contribuye en lo absoluto a la solución del problema, por el contrario la agrava, desde el primer momento que se pasa por alto la convicción de servicio, por la corrupción.
 
POR LO PRONTO, ES IMPORTANTE que las autoridades penitenciarias de nuestro Estado, tomen con seriedad dichas recomendaciones, y se atiendan las múltiples violaciones a los derechos humanos de que pudieran ser objeto algunos internos, e incluso personal de custodia que se oponga a estar al servicio de los autogobiernos que busquen operar al interior de los penales, como ocurre en la mayoría de los estados del país.
 
ES IMPORTANTE A TODA COSTA prevenir situaciones extraordinarias en los penales, a lo que no debe escapar San Luis Potosí, ya que se deben prevenir las riñas, fugas o motines que son generados por el autogobierno, el hacinamiento y la falta de atención oportuna de las autoridades.
 
EN OTRO TEMA, EL AHORA EX diputado Enrique Flores Flores recibió un nuevo revés en su contra, luego de que la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó una impugnación presentada en contra de su desafuero, aprobado recientemente por el Congreso del Estado. De acuerdo a la resolución, el Tribunal desechó la demanda debido a que el acto impugnado, "no es un acto tutelable en la vía electoral", por lo cual sigue impedido de regresar a su curul del Congreso del Estado.
 
EN TEMAS DEL GOBIERNO DEL Estado, resulta que será este lunes cuando el Ejecutivo envié la terna de quienes podrían ocupar la Fiscalía Especial Electoral y Anticorrupción, proceso que no tendrán nada fácil los diputados locales, pues existe la posibilidad de que antes de la designación de ambos fiscales especiales los impugnen; en las últimas horas se ha generado una gran polémica, tomando en cuenta que los plazos se vencieron el viernes 3 de noviembre para que el gobierno entregara dichas ternas. Aunque al parecer los especialistas aducirán que la ley también prevé cuando se atraviesa un día festivo o de asueto.
 
POR ÚLTIMO, NOS RESULTÓ MUY peligroso que el dirigente del grupo de taxis Alfacero, Oscar de la Rosa, reconociera que al menos una veintena de conductores de taxis se encuentran armados para supuestamente, hacerle frente a la delincuencia en caso de ser víctimas de estos grupos. La autoridad deberá tomar cartas en el asunto para evitar que una situación de esta naturaleza pueda poner en riesgo la integridad de los usuarios, e incluso de los propios conductores, quienes seguramente no tienen la capacidad para el uso de un arma de fuego.

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