El exgobernador priista de Colima, Mario Anguiano, fue inhabilitado por el Congreso local para ejercer cargos públicos por 23 años y recibió multas por 45 millones de pesos tras detectarse irregularidades presupuestarias en 2013, 2014 y de enero a agosto de 2015.
Los legisladores locales acreditaron que durante la gestión de Anguiano hubo un daño al erario por mil 867.6 millones de pesos, por lo que avaló sancionar a varios exfuncionarios estatales, excepto al que fuera Secretario General del Ejecutivo y ahora dirigente tricolor estatal Rogelio Rueda.
Las irregularidades fueron detectadas desde hace un año por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
De acuerdo con el documento aprobado, el ente fiscalizador encontró un déficit de mil 867.6 millones de pesos entre 2013 y 2014 en la partida de servicios personales, donde se falseó información contable, se desviaron recursos y hubo gastos no presupuestados.
Ante estas irregularidades Anguiano fue sancionado por el Congreso con la reintegración directa de 38.5 millones y 6.5 millones de forma subsidiaria, además de inhabilitarlo por 23 años para ejercer cargos públicos.
Rueda, por su parte, no recibió sanción pese a que se observó que cuando fungió como Secretario General omitió licitar la adquisición de equipo de cómputo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal y luego que el Órgano fiscalizador había propuesto una amonestación pública.
Jesús Orozco Alfaro y Clemente Mendoza Martínez, quienes alternaron la titularidad en la Secretaría de Finanzas durante el Gobierno de Anguiano, fueron inhabilitados por tres años y se les impuso sanción por 1.4 y 42.9 millones de pesos respectivamente.
Juan José Alcaraz, exdirector del Instituto Colimense para la Información, deberá resarcir al erario 42.9 millones de pesos y no podrá ejercer cargos públicos durante tres años, al hallarse irregularidades en un programa para colocar internet en espacios públicos.
Las sanciones alcanzaron a Gustavo Allen Ursúa, extitular del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien fue multado con 34.2 millones, mientras que Rafael Gutiérrez Villalobos, quien fuera secretario de Fomento Económico y titular de la Secretaría General, y Blanca Isabel Ávalos, exsecretaria de Finanzas y Administración, sólo recibieron una inhabilitación por tres años.
La diputada local por el PAN, Martha Sosa, advirtió que su fracción en el Congreso esperaba castigos más severos contra los exfuncionarios.
“Sanciones mínimas para todo el daño causado por un Gobierno irresponsable que dejó a nuestro estado sumido no sólo en una crisis financiera, sino en un espiral de violencia e inseguridad”, acusó.
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