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Estados Unidos sancionará a quien haga negocios con empresas rusas

Agencia | 28/10/2017 | 18:08

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó hoy una lista de más de 30 empresas e individuos rusos con los que no hacer negocios, ya que, los países y compañías que lo hagan podrían recibir sanciones del país norteamericano desde enero.

Se trata de una lista de empresas e individuos vinculados a las agencias de inteligencia y defensa rusas, un requisito de la ley aprobada en julio pasado para castigar a Rusia con sanciones por su supuesta injerencia en las elecciones presidenciales de 2016 y sus acciones en Crimea.

En la lista figuran, entre otros, el comerciante de armas Rosoboronexport, el fabricante de misiles Almaz-Antey, la empresa naviera United Shipbuilding Corporation, y la estatal United Aircraft Corporation, que fabrica aviones a reacción.

El anuncio llega semanas después del fin del plazo exigido el pasado 1 de octubre, una fecha en la que el Congreso debería haber tenido esta información.

Una veintena de legisladores demócratas pidieron el pasado miércoles una explicación del retraso de casi un mes en la publicación de la lista.

Ante las críticas por el retraso en la publicación, el secretario de Estado, Rex Tillerson, aprobó la lista ayer y autorizó su envío al Congreso.

En los próximos meses, Estados Unidos trabajará con sus aliados para identificar transacciones que puedan ser problemáticas una vez las sanciones entren en vigor, informó hoy un funcionario del Departamento de Estado en una llamada con periodistas.

La guía publicada hoy tiene como objetivo aclarar con qué empresas e individuos rusos no deben hacer negocios antes de que las sanciones entren en vigor el próximo 29 de enero.

A quienes hagan negocios con los señalados en esta lista, Estados Unidos podría congelarles sus activos en el país y sacarlos del sistema financiero estadounidense.

El presidente, Donald Trump, firmó en agosto pasado a regañadientes la ley de sanciones a Rusia aprobada con rotundo apoyo bipartidista en el Congreso, con el argumento de que la norma limitará su capacidad de diseñar la política exterior de su Gobierno.