DESGRACIADAMENTE EN SAN LUIS Potosí, todos los esfuerzos que se han hecho para rescatar a la Auditoría Superior del Estado (ASE), podrían ser intentos en vano, pues seguramente el proceso que se desarrolla para elegir a quien podría estar al frente de este órgano fiscalizador, será descalificado, independientemente de quién resulte en la terna finalista.
ES CLARO QUE NADIE ESTARÁ conforme con el resultado que surja de todo un proceso que tiene la firme intención de elegir a una persona que reúna el perfil que se requiere para ocupar esta grande responsabilidad, sobre todo cuando de antemano se conoce que la Auditoría Superior del Estado (ASE) atraviesa por una de las peores crisis de credibilidad desde que fue creada, a consecuencia del trabajo deficiente que fue heredado por su ex titular, José de Jesús Martínez Loredo y su pequeño grupo de consentidos.
TAMPOCO SE PUEDE PASAR POR alto la responsabilidad que podrían tener los diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que desde un principio no acataron los requisitos de la convocatoria, pues resulta que recibieron el registro extemporáneo de una aspirante, es decir que le aceptaron su documentación 24 horas después de haber cerrado el término de la propia convocatoria.
SI BIEN ES CIERTO QUE CON ESTA convocatoria emitida por los diputados del Congreso del Estado se pretendía impulsar una convocatoria muy, pero muy abierta, se logró. Sin embargo, ahora tendrán que pagar el costo que esto representa para salir bien librados, pues resulta que en su inicio se tuvo un registro de 29 aspirantes a dirigir a la Auditoría Superior, eliminaron a 4 y ahora hay que analizar mediante una serie de filtros, a los 25 restantes.
LO GRAVE APENAS COMIENZA EN virtud de que una parte importante de los aspirantes a dirigir los destinos de la ASE, simple y sencillamente están plenamente identificados con al menos tres ex gobernadores, como el propio Horacio Sánchez Unzueta, Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo, sin embargo esto no es todo, pues también existen aspirantes con un vínculo directo al actual alcalde, Ricardo Gallardo y el resto, por más que se trate de ocultar, están vinculados a varios personajes de la política potosina.
SEGURAMENTE EL ARGUMENTO principal de los que saben del tema, “es que estos aspirantes no están impedidos en participar en el proceso de renovación de la ASE, pues de lo contrario se les estarían violando sus derechos políticos”. ¿Pero qué la intención no es dejar de lado a quien tenga ligas con partidos políticos? No podemos dejar de tomar en cuenta que también existe la posibilidad de que alguno de los 25 aspirantes a dirigir la ASE podría ser el caballo negro de palacio de gobierno, pues evidentemente quien sea designado también será quien fiscalice las cuentas públicas de los 4 años restantes del actual gobernador. ¿Qué no?
UNO DE LOS PRINCIPALES requisitos para poder aspirar a la responsabilidad de encabezar la Auditoría Superior del Estado es no haber sido gobernador, senador, diputado federal, secretario, magistrado, tesorero municipal, dirigente de un partido político ni haber sido postulado para cargo de elección popular, y no haber dispuesto de recursos públicos en el año anterior a la designación.
EVIDENTEMENTE A LA CONVOCATORIA le faltó una serie de candados que impidiera la llegada también de los hermanos de los funcionarios actuales, que no se permitiera el registro para aquellos que en su momento formaron parte de la ASE y sobre todo, que salieron corridos. Además de evitar una designación por dedazo.
DESAFORTUNADAMENTE EL PROCESO de selección para renovar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado se ha convertido en una verdadera “papa caliente”, porque aún y cuando los diputados pudieran sobrellevar las descalificaciones, es un hecho que no todos los suspirantes quedarán conformes, y por el contrario, estarán esperando la oportunidad para comenzar con la promoción de amparos que dejarán más descalificada y llena de desconfianzas a la pobre Auditoría Superior que por el contrario debiera ser el principal e importante órgano fiscalizador de San Luis Potosí, encargado de vigilar la correcta aplicación del patrimonio de los potosinos.
NO PRETENDEMOS CON ESTA columna descalificar el trabajo que se está desarrollando para rescatar a la ASE, sino el contribuir a que se ponga una mayor atención y alcanzar buenos resultados con la acertada designación de quien habrá de conducir los destinos de este órgano fiscalizador, y terminar de una vez por todas con las prácticas que la llevaron a convertirse en una verdadera agencia de colocación, en mafias de corrupción a cambio de limpiar cuentas públicas. Solo el tiempo dará la razón, pero si se sigue el mismo camino, seguramente tendremos auditor (a) hasta el mes de febrero del 2018.
