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Mientras exista fuero, no hay sanciones. ¡Y qué!

Detrás del Telón

Armando Limón Hernández | 18/06/2017 | 01:07
Los escándalos en que se ha visto envuelta la actual legislatura local, hacen suponer que serán pocos los legisladores que tendrán la oportunidad de estrenar la figura de “reelección” que será puesta en práctica durante los comicios del 2018, por la simple y sencilla razón de que será muy complicado que algún ciudadano en uso de sus facultades vuelva a tener la confianza de otorgarle su voto a por lo menos uno de los actuales diputados.
 
No pretendemos generalizar en que todos los diputados son malos, oportunistas o corruptos, pues existen algunos (as) que se salvan, aunque sea por el poco trabajo que han logrado sacar adelante, o aquellos que de plano no han figurado por su falta de capacidad para impulsar reformas o leyes que sean benéficas para los potosinos.
 
Sin duda, la lucha intestina de algunos partidos políticos por lograr el control del Congreso del Estado ha llevado a generar una total desconfianza de los ciudadanos por el simple hecho de que no hay semana en que algún legislador se vea involucrado en un escándalo; y sin duda esto tiene un costo que deberán asumirlo los 27 integrantes de la Legislatura local. En los corrillos del Poder Legislativo y palacio de gobierno se asegura que en breve se podrían dar a conocer nuevos videos e incluso con nuevos protagonistas, donde podría quedar al descubierto lo que a voces se sabía, pero que nadie se animaba a publicar. Pues advierten los que saben, que esto sólo es el comienzo de lo que se vislumbra para el 2018.
 
El video escándalo que cobró dimensiones nacionales de descredito para San Luis Potosí, por haberse evidenciado una serie de prácticas de corrupción, ha obligado a generar una serie de cambios al interior del propio Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado, sin embargo para algunos actores políticos, e incluso aquellos que por años se han caracterizado como mercenarios de la política, han coincidido en señalar que la renuncia de cargos, partidos y del propio órgano fiscalizador, no serán suficientes para recobrar la credibilidad y la confianza del Congreso del Estado como institución.
 
Seguramente en estos momentos hay quienes le están apostando a la descomposición política y a los revanchismos con el único fin de ver “sangre” o, en el peor de los casos, buscarán que alguno de los implicados en la llamada “ecuación legislativa”, sea encarcelado para que enfrente la responsabilidad que le corresponde por los supuestos casos de corrupción. Aunque también hay que dejar en claro que una cosa es la que se pide y otra la que realmente podría suceder.
 
La renuncia por motivos supuestamente de salud, de José de Jesús Martínez Loredo al frente de la Auditoría Superior, y mucho menos la renovación de la Comisión de Vigilancia sin la presencia de diputados panistas (sic), no garantiza en lo absoluto que se genere un verdadero cambio como parte de las garantías para fiscalizar correctamente las 113 cuentas públicas de los entes auditables, porque simple y sencillamente se requiere de toda una reingeniería que contemple una estrategia para recobrar la confianza de los ciudadanos, mediante la aplicación irrestricta de la Ley.
 
Es claro que todo este escándalo legislativo sólo quedará como parte de la historia negra de San Luis Potosí, tomando en cuenta que ninguno de los diputados que están supuestamente involucrados en una red de corrupción, serían llamados a cuentas, por el simple hecho de que cuentan con el manto protector llamado “Fuero Constitucional”, aun y cuando existen algunas denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado.
 
La renuncia del legislador Enrique Flores al frente de la Jucopo, la coordinación del grupo parlamentario del PAN y ahora a su militancia de 30 años como panista, sólo reflejó parte de la lucha encarnizada que se vive entre los integrantes del Partido Acción Nacional, y en lo particular, con el grupo del dirigente Xavier Azuara.
 
En lo corresponde al PRD, también es claro que la aparición del diputado federal Xavier Nava en el escenario como el paladín de la transparencia, generará un enfrentamiento con el grupo de los gallardistas y muestra de lo anterior fue el reciente desencuentro que tuvo el nieto del doctor Salvador Nava con el activista mejor conocido como El Chiquilín, quien seguramente el único objetivo que tenía era hacerle llegar el mensaje de que sería un error pretender ensuciar el nombre de uno de sus más connotados personajes en nombre del diputado Guadalupe Torres Sánchez.
 
No podemos perder de vista que en el PRI no se cantan mal las rancheras pues Oscar Bautista, quien es uno de sus diputados, también salió raspado en este escándalo de corrupción, por lo cual desde el propio Comité Ejecutivo Nacional (CEN) le han pedido cuentas sobre las acusaciones que pesan sobre su persona y que a decir verdad, no son pocas.
 
Ciertamente el escándalo de los videos ha generado un total rechazó de la población hacía la clase política, por el grado de corrupción que supuestamente se ha dejado al descubierto, pero lo que también es cierto y que no se puede perder de vista, es que NO se pueden establecer sanciones en contra de quienes fueron mencionados en dichos videos porque, sin pretender defender a nadie, las imágenes no muestran la entrega de dinero o bien que los involucre, para configurar la comisión de una falta o un delito.

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