Una recurrente exigencia de la oposición al partido en el poder, ha sido la de que el gobierno no interfiera en las acciones de los otros poderes y que se mantenga ajeno a la vida interna de los institutos políticos, lo que al calor del escándalo de los videos sobre presuntas extorsiones a alcaldes por parte de algunos diputados locales parecen haber olvidado tanto los dirigentes partidistas como los representantes de los mismos ante el congreso del estado pues por ello, no sólo están pidiendo a gritos que lo haga sino que también lo han hecho de manera formal.
Generalmente, cuando los partidos opositores celebran procesos internos, con grandes aspavientos hacen denuncias mediáticas sobre supuestas injerencias de funcionarios estatales en el desarrollo de los mismos que, normalmente no pasan de ahí.
Sin embargo, ahora que los acontecimientos han colocado al legislador Enrique Flores en el ojo del huracán directivos y diputados del PAN parecen abrirle la puerta a que el gobierno asuma facultades de algunos de sus órganos fiscalizadores encargados de sancionar a los malos elementos, y lo han hecho mediante las cuatro denuncias interpuestas ante la procuraduría de justicia acusándolo de diversos delitos que esperan ver fructificar según han declarado a los medios aunque para ello primero tendrían que promover el respectivo juicio de procedencia contra el panista a fin de despojarlo del fuero y permitir, de ser el caso, que se le aplique la ley y no se necesita mucha imaginación para estimar el alto grado de protestas de haber empezado la PGJE con las investigaciones sobre el asunto pues seguro la estarían señalando como orquestadora de un plan para socavar al PAN y otras lindezas semejantes.
Asimismo, otra demanda opositora que siempre le machacan al partido en el poder es la relativa al respeto a la división y autonomía de los otros poderes, el legislativo y el judicial lo que, por el tema que nos ocupa pareciera que están abriendo paso a una intromisión involuntaria en función de que, por las denuncias interpuestas la procuraduría tendría que solicitar documentos y comparecencias de varios diputados como parte de las investigaciones si es que los expedientes no se mandan a la congeladora y realmente quieren que lleguen hasta las últimas consecuencias.
Por consiguiente, en adelante, toda queja por presuntas injerencias del gobierno en la vida interna del PAN por este caso de antemano quedarán invalidadas tanto como las eventuales protestas por faltas a la división y autonomía de poderes por parte del ejecutivo toda vez queencendidos por los sucesos ellos mismos habrían propiciado que ocurra, de darse, claro.
CABOS SUELTOS
Por cierto, surtió efecto la idea planteada por el líder de la bancada priista Fernando Chávez en el sentido de que los integrantes de la comisión de vigilancia se separaran de la misma en aras de proyectar a los potosinos la certeza de que la revisión de las cuentas públicas se llevará a cabo con transparencia y más ahora que parece ser que será extirpado el tumor que la puso en tela de duda…
