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Ley electoral de San Luis Potosí, al contentillo de unos cuantos

Armando Limón Hernández | 04/06/2017 | 00:07

San Luis Potosí por varios años se caracterizó por ser un Estado a la vanguardia en materia electoral, y no solamente por haber sido la primera entidad en ciudadanizar sus organismos electorales, sino por impulsar leyes que verdaderamente respondieran a las necesidades de la población.
 
Desgraciadamente la actual legislatura tuvo la gran oportunidad de reivindicarse con sus representados desde el primer momento que se realizaron foros en las cuatro zonas del Estado, para escuchar las demandas y propuestas de los potosinos, sin embargo pareciera que esto únicamente formó parte de una cortina de humo que no sirvió para nada.
 
Analizando de fondo la reciente Ley Estatal Electoral que fue aprobada por la mayoría de los legisladores de los 9 partidos políticos representados en el Congreso del Estado, y que será el marco legal para regir los próximos procesos electorales del 2018, nos podemos dar cuenta de que simplemente es una ley muy corta, que sólo atendió las necesidades de los propios partidos políticos y no el sentir de la mayoría de los ciudadanos.
 
Si bien es cierto que en lo que corresponde a la paridad de género se cumplieron las expectativas, no así con otras propuestas que eran sumamente importantes por ser una de las principales demandas de los ciudadanos, e incluso era un compromiso asumido de parte de quienes hoy ostentan el poder; y nos referimos en lo particular a la disminución de las diputaciones plurinominales, tomando en cuenta que esta figura ya no responde a las necesidades originales para las que fueron creadas desde un punto de vista de equilibrio político ante las grandes fuerzas políticas.
 
En el tema de reelección es evidente que sólo se establecieron algunos candados en lo que se refiere a la separación del cargo con 90 días de anticipación, pero en ningún momento se clarificó si en el caso de diputados, alcaldes o regidores dejarán de cobrar por esos 90 días y en caso de perder una contienda, simplemente tendrán el derecho de regresar a sus cargos originales.
 
Desgraciadamente esta Ley Electoral no garantiza que se fomente una verdadera participación ciudadana, por el contrario, existe un gran rechazó en torno al trabajo que han venido desarrollando los gobernantes en turno, así como los distintos partidos políticos, lo cual puede traer consecuencias muy lamentables desde el primer momento en que no exista el interés de acudir a las urnas en las próximas contiendas electorales del 2018.
 
Hoy por hoy nos preguntamos ¿Dónde quedaron las propuestas que se convertirían en temas de reforma trascendental como; referéndum, plebiscito, revocación de mandato, segunda vuelta electoral? ¿La participación ciudadana en el proceso de garantías y lo que tiene que ver con el voto y la atención activa? Lamentablemente se dejó pasar una gran oportunidad para haber sacado una ley electoral que respondiera a los potosinos, sin embargo lo único que nos queda manifestar es que desgraciadamente enfrentaremos un proceso electoral sumamente reñido, con una Ley Electoral que fue creada al contentillo de unos cuantos.
 
Por otro lado se dio a conocer que en México desgraciadamente existen al menos 10 estados que atraviesan por una situación complicada a consecuencia de sus deudas públicas, que año con año han venido limitando su desarrollo y crecimiento económico, aunado a que sus pobladores tienen que cubrir parte de estos adeudos mediante el pago de diversos impuestos. Afortunadamente San Luis Potosí se encuentra en un lugar aceptable, sin embargo se requiere de seguir trabajando para evitar cualquier desavenencia que ponga en riesgo su capacidad crediticia.
 
De acuerdo a informes de organismos vinculados a la transparencia, así como de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cifras relacionadas a sus deudas públicas representan montos estratosféricos que son prácticamente impagables, encabezando la lista negra entidades como la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, Chiapas y Sonora, los cuales en su conjunto suman un monto superior a los 373 mil 184 millones de pesos.
 
Ciertamente también existen entidades con menor deuda, entre las que se encuentra San Luis Potosí, que al menos a este 2017 se mantiene en el octavo lugar con un monto de 4 mil 580 millones de pesos. Mientras que la entidad con menor deuda o prácticamente cero es Tlaxcala, le siguen Campeche y posteriormente Querétaro.