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Causas y Efectos

Jorge Armendáriz Gallardo | 25/05/2017 | 02:01

En México la trasparencia en el servicio público se convirtió en una utopía que se sigue buscando desde los textos de Tomas Moro hasta nuestros días.

 

Incluso se podría decir que en nuestro país, decir transparencia es prácticamente la antítesis del significado de las palabras política o servicio público.

 

Por este motivo es tan complicado que este concepto, que “culturalmente” se ha acuñado durante mucho tiempo en función de las acciones y omisiones de los gobernantes o funcionarios públicos, que incluso también nos han mostrado que este es un círculo vicioso de la manera de llegar al poder, mantenerlo y entregarlo nuevamente para cerrar, esté acompañado siempre de la falta de transparencia.

 

Largo y con muchos obstáculos ha sido el camino que se construye ya hace tiempo para buscar la trasparencia para los mexicanos, motivo que afecta de manera favorable a uno de los males más graves para nuestro país, la corrupción que siempre va de la mano de su amiga la impunidad.

 

Es muy común que aún en nuestro tempo en México, al solicitar información a las autoridades sobre contratos, gastos en obras, eventos o detalles de información en funcionarios relacionados con irregularidades, la respuesta sea que “No se puede proporcionar esta, en función de que los datos no existen o han sido clasificados como reservados”.

 

Esto aunque existen leyes y ordenamientos que obligan a los entes a mostrar la información a quien la solicite, en cualquier momento.

 

La transparencia y el acceso a la información es un asunto que no está terminado y mucho menos pensar que está a salvo. Incluso recientemente se presentó una iniciativa para la ley federal de archivos, que pone en riesgo nuestro acceso a la información, pues quedará en manos de la Secretaría de Gobernación el acceso a la trasparencia y la rendición de cuentas, para que de esta manera los hechos que resulten incomodos para el gobierno federal y los gobiernos de los estados podrían ser censurados de manera sencilla, convirtiendo esto en un retroceso histórico para México, algo así como lo que sucedió con el IFE que mutó al INE con el control de los consejeros y prácticamente la operación de las alecciones en México.

 

En la época de Alonso Lujambio (QEPD) del año 2006 a 2009 al frente al Instituto Federal de Acceso a la Información Publica (ahora INAI), los avances en la legislación para lograr abrir los datos de los entes obligados a los ciudadanos dieron grandes pasos.

 

A partir de los años siguientes fue posible ver lo que se esconde en la obscuridad del servicio público y evitar así que continúen los excesos que son ya una firma de los funcionarios públicos en cualquier momento de la historia de México.

 

En el año 2015, tras la aprobación de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información se vislumbró un nuevo escenario en la historia de la trasparencia, pero los intereses son muy grandes y el sistema político se sostiene de un hilo muy resistente que se llama “corrupción”, donde pende el financiamiento de las campañas políticas, el desvío de apoyos a grupos que movilizan gente para las elecciones, pagos de favores electorales y los excesos que alimentan a la clase política, siempre rodeada de lujos.

 

Recientemente el acompañamiento de la alternancia también ayudó a que se diera con “más facilidad” la presión para la trasparencia junto a las responsabilidades legales, incuso los gobernantes ven con más cercanía la sombra de una celda en los Ceresos, mismos que acostumbrarán asistir solo para ser inaugurados.

 

La trasparencia hoy es una asignatura pendiente y en proceso de construcción, que debe de apuntalarse con otras herramientas como el Sistema Nacional Anticorrupción, que ayudará a poner cerca de la sociedad civil la posibilidad de que con las leyes que lo integran y las modificaciones al código penal federal y a las diferentes leyes orgánicas, y claro, con la voluntad “siempre a presión “de nuestros representantes en el Congreso y el Senado, esta sea una realidad.

 

Representantes que siendo autoridad son los principales interesados en ocultar sus acciones, deberá ser vía la presión electoral a los partidos políticos, la única manera de acercar esta posibilidad, para procurar “la salud” de nuestro País en búsqueda de erradicar este mal de la corrupción que beneficia a unos pocos y afecta a todos, a todos nosotros todo el tiempo.

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