“En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” Art. 129 Constitucional.
Una vez que el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, declaró al inicio de su sexenio la guerra en contra del narcotráfico, ha puesto casi desde el inicio un punto de enorme relevancia en la discusión pública: si es constitucional la decisión del Ejecutivo federal de combatir el crimen organizado mediante las Fuerzas Armadas del país.
Al tiempo de escribir estas líneas, amigo lector, la situación que versa sobre la actuación de las fuerzas armadas ha caído en enormes suspicacias, en términos relacionados al respeto a los derechos humanos, al uso de la fuerza y si en su desempeño el Ejército posee o no, facultades más allá del apoyo que le han solicitado las autoridades civiles ante el embate y la capacidad de fuego de la delincuencia, que en muchos casos ha rebasado la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad estatales y municipales.
Hoy, la percepción ciudadana con respecto al Ejército mexicano es el de una institución comprometida con la Patria, y que no dudará en defenderla bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier premisa que sea necesaria. Pero también existe la percepción de que con el Ejército no se convive ni se interactúa. De esta percepción permea lo que en los últimos años también se ha convertido en la búsqueda de soluciones para que los cuerpos de seguridad publica puedan funcionar sin ser contaminados por la corrupción y la impunidad: que sean precisamente mandos militares ( retirados) los que se hagan cargo de encabezar las instituciones civiles de seguridad pública en estados y municipios, donde San Luis Potosí no es la excepción.
Sin embargo, la experiencia reciente nos da como resultado que los cuerpos castrenses están adiestrados bajo un perfil que no refiere a la prevención del delito, ni a la investigación policiaca, que en su estricta medida son facultades de las policías y de los organismos ministeriales de las procuradurías de justicia, y en consecuencia nos hace encarar la realidad en términos de lo que se ha hecho a nivel gubernamental de sacar al Ejército a las calles, nombrar a los ex militares como directores y secretarios de seguridad pública, como un remedio inmediato, sin cimientos ni fundamentos ni formación, para obtener los resultados que hoy en día se persiguen.
Muchos sectores hoy se pronuncian por criticar el papel de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, cuando jamás se hizo un trabajo previo para determinar los alcances y las consecuencias que podían ocurrir al momento de participar como sustitutos de las policías. Mucho también se quejan de que los mandos policiacos encabezados por ex militares, porque no están dando los resultados que se supone se tendrían en términos de una menor incidencia delictiva. Se está perdiendo de vista que el Ejército mexicano no es formador de policías y que hoy en la historia reciente del país, por primera vez los elementos del ejército reciben instrucción sobre respeto a los derechos humanos, interacción con la sociedad civil y hasta la interacción con los medios de comunicación que, históricamente, jamás había existido.
El paradigma que se había planteado de que el Ejército es la única solución para acabar con la corrupción y la impunidad en los cuerpos de policía se está desdibujando porque, al final del día, no hay una relación directa de una cosa con la otra. Si bien es cierto que el Ejército es una institución respetada, heroico e incorruptible, resulta falaz pensar que fuera de su ámbito, entre la sociedad civil, por “osmosis”, se formara a una sociedad y a los cuerpos de seguridad con los mismos preceptos.
Hoy, medios de comunicación y prensa publican el video que refiere a un elemento del ejército disparando su arma en contra de un civil tirado en el suelo, que supone era un delincuente que los habría atacado. La pregunta es ¿de verdad se cree que los soldados gritan “alto en nombre de la ley”? ¿“alto o disparo” o cualquier frase propia de la actividad policiaca, en el momento de verse envueltos en una situación donde además está en peligro su propia vida. La Secretaría de la Defensa Nacional responde que debe investigarse. De verdad resulta poco congruente esperar que los soldados sean como policía preventivos, es más, resulta absurdo.
El problema es que los conflictos se transformen en luchas armadas y con daños de grandes proporciones para la población civil.
Uno de los peores escenarios para una sociedad que desea buscar el avance material y cultural de su pueblo, es una guerra.
HASTA LA PROXIMA.
