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Exoneraran por compra de insumos a Ramos Segura

Armando Limón Hernández | 15/05/2017 | 02:29

Para aquellos que esperaban la aplicación de sanciones ejemplares ante la existencia de irregularidades en perjuicio del patrimonio de los potosinos, simplemente se quedarán con los ganas, pues de acuerdo a un dictamen emitido por la Contraloría General del Estado, sólo se emitirán amonestaciones dentro del proceso de revisión por la compra y adquisición de insumos que se desarrolló en la anterior administración estatal y, en lo particular, en el DIF estatal.
 
Resulta que el documento establece que dichas compras a la empresa proveedor de Productos Mexicanos Jace, S.A de CV, de Puebla, sólo será sujeta de sanciones de tipo administrativo, pues se comprobó que estaba impedida a brindar dichas adquisiciones de acuerdo a una resolución previa que en su momento fue emitida por la propia Auditoría Superior de la Federación.
 
Sin duda aquellos que esperaban un proceso más severo en contra de la ex presidenta del DIF estatal, María Luisa Ramos y compañía, tendrán que conformarse con esto, pues de acuerdo al proceso de fiscalización que se desarrolló, no se encontraron elementos para proceder penalmente como muchos habrían querido. Además el documento resolutivo, también confirma que dicha empresa estaba impedida para brindar los servicios dentro del servicio público y por lo tanto, sólo sería sujeta a una sanción de tipo administrativo.
 
Se aclara que dentro de esta sanción podría surgir únicamente una multa o una amonestación, tomando en cuenta los grados administrativos de responsabilidad que establece la ley actual. Por lo anterior se desechó cualquier posibilidad de aplicar otro tipo de castigo, en virtud de que sólo sería procedencia en caso de que se hubiera detectado la comisión de un delito como el peculado, lo cual, no existió.
 
Se informa que en la administración estatal que encabezó el priísta Fernando Toranzo Fernández, la empresa proveedor de Productos Mexicanos Jace, S.A de CV, de Puebla, celebró un convenio con el DIF estatal por un monto de 169.8 millones de pesos para la compra y adquisición de desayunos escolares, a pesar de que dicha empresa estaba suspendida por la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, esto no fue motivo suficiente para que se apliquen responsabilidades sancionatorias en contra de quienes omitieron este tipo de observaciones, posiblemente en perjuicio del patrimonio de los potosinos.
 
Abordando precisamente estos temas, resulta que la mayoría de los diputados que conforman la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado decidieron también exonerar de toda responsabilidad al titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), José de Jesús Martínez Loredo, del escándalo que provocó el supuesto gasto decembrino por 600 mil pesos, aún y cuando no se demostró, al menos con claridad, que efectivamente se gastaron estos recursos de manera incorrecta.