El hartazgo y la indolencia de nuestras autoridades por frenar la ola de violencia y los índices delictivos, han provocado que en los últimos meses a nivel nacional la sociedad pueda observar en distintos medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, una serie de casos relacionados a linchamientos de presuntos delincuentes, que son atrapados en infraganti y que se convierten prácticamente en verdaderas ejecuciones de ciudadanos que prefieren tomar la justicia por su propia mano.
Desgraciadamente estas imágenes violentas no son privativas de San Luis Potosí, pues desafortunadamente existen casos de “linchamiento” en contra de presuntos delincuentes que estuvieron vinculados a supuestos abusos sexuales, al robo y asaltos, apostándole a que sus fechorías pudieran quedar en la impunidad.
La presencia de ajusticiamientos que se ha convertido en hecho públicos a través de las redes sociales, reflejan el grado de la falta de credibilidad de la sociedad hacía sus autoridades, sin embargo nada justifica que se prive de la vida a una persona, bajo ninguna circunstancia. Ante esta situación, las “alertas” se encuentran encendidas y sin duda deberá ser un tema donde las autoridades verdaderamente tomen cartas en asunto.
En los últimos años, a través de las redes sociales hemos podido observar videos macabros que se viralizan debido a que se muestra con toda la crudeza humana cómo se priva de la vida a una persona que, por alguna circunstancia, fue retenido en su intento de cometer un delito y que ante el cansancio de la población y la ineficiencia de las autoridades, los ciudadanos prefieren hacer justicia por su propia mano.
Es claro que las deficiencias del sistema de justicia dejan mucho qué desear, tomando en cuenta que en la actualidad muchas personas ya no confían en el sistema de justicia, por la lentitud en los procesos, el exceso de trámites, mal servicio a la ciudadanía y la impunidad percibida o efectiva en relación con casi todos los delitos. Además resulta incongruente que existen casos donde los delincuentes son detenidos, pero por una mala averiguación o violación al nuevo sistema de justicia penal, obtiene su libertad de manera inmediata para regresar a las calles a delinquir.
Cabe destacar que los linchamientos como tal, son aquellos donde un grupo de personas atrapan in fraganti a un delincuente y, en vez de entregarlo a las autoridades, lo golpean hasta el cansancio y algunas veces hasta provocarle la muerte. Además resultaría muy arriesgado permitir que la población vea como una alternativa de solución recurrir a hacer justicia por su propia mano, pues tomándolo desde un punto de vista jurídico, esto puede configurarse como un delito grave en contra de quien azuce a la población a cometer un linchamiento en perjuicio de una persona que por alguna circunstancia haya cometido un delito.
Pasando a otro tema, no se puede pasar por alto el conflicto interno que mantiene la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Xavier Azuara; y los diputados locales Enrique Flores y Mariano Niño, luego de haber comparecido el pasado miércoles ante los integrantes de la Comisión Auxiliar de Orden y Disciplina Intrapartidista del PAN, donde desahogaron sus pruebas de defensa en respuesta al expediente y el proceso que se integró en su contra, por parte de los miembros de la Comisión Permanente y en el que se pide que sean expulsados del partido por no cumplir con los estatutos y por la rebeldía que ha mostrado hacia su propio dirigente.
Sin embargo, es un hecho que esta instancia local poco a nada podrá hacer, pues todo este embrollo será resuelto desde los propios órganos internos del Comité Ejecutivo Nacional, donde se espera que para el mes de julio, ya se pueda tener una resolución. Aunque en caso de resultar adversa para ambos diputados rebeldes, es un hecho que ahí no parará la cosa, pues seguramente habrá una judicialización que tendrán que ser resuelta en tribunales, es decir, que será un asunto para largo.
