El nuevo sistema de justicia penal, a punto de colapso

·         El nuevo sistema de justicia penal, a punto de colapso

·         La inseguridad en la capital depende del ayuntamiento

·         La Boruca

Improvisado, sin experiencias propias suficientes, sin recursos adecuados, el nuevo sistema de justicia penal está a punto de colapsarse.

Las salas de los juzgados que operan en la entidad no disponen de todo lo que en teoría se demanda.

Es el caso de la nueva función con la que deben actuar los fiscales. Los responsables de la fiscalía son los encargados de proporcionar las copias suficientes a los demás funcionarios que intervienen en un juicio sujeto a las nuevas disposiciones.

En la práctica, los fiscales no disponen de las copiadoras suficientes para tener las impresiones suficientes y entregarlas a los funcionarios de un juzgado, ni a los defensores públicos que actúan en la mayoría de los casos.

Así, los juzgados operan irregularmente en cada distrito judicial del estado y las actuaciones no están apegadas a las nuevas disposiciones por carencias como las que se detallan en estos casos.

En la práctica, los defensores particulares, o los defensores contratados por los acusados, se ven obligados a pagar el costo de las copias indispensables para llevar adelante un proceso penal con oportunidad.

Si bien es cierto que todos los protagonistas de un juicio apegado al nuevo sistema de justicia están en conocimiento de las novedades que implica el impartir justicia, las carencias de las fiscalías que por ahora dependen de la Procuraduría General de Justicia y que en breve lo serán de la Fiscalía General del Estado, impiden el desarrollo de los procesos con regularidad y prontitud.

El nuevo espíritu de la reforma penal en marcha está colapsando porque los recursos que debe aplicar la fiscalía no son suficientes ni llegan oportunamente para que los juicios se realicen con la oportunidad que marca el nuevo proceso.

Los fiscales -lo mismo que los defensores públicos- han de adquirir la documentación y copiarla sacando de su bolsillo el costo de las copias que deben ponerse a disposición de los protagonistas de un juicio. Es así como los atrasos, las dificultades y los impedimentos que permitan su correcta operación, hacen del nuevo sistema de justicia penal un proceso que no resuelve todavía la mejor impartición de justicia y su oportuna aplicación.

LA INSEGURIDAD EN LA CAPITAL

DEPENDE DEL AYUNTAMIENTO

La falta de conocimientos legales obliga al error de comunicadores y líderes de organizaciones no gubernamentales que atribuyen la responsabilidad de conservar la tranquilidad de la zona urbana de la capital, lo mismo que en las principales zonas urbanas del estado, a las corporaciones estatales y federales como si las autoridades municipales no tuvieran una función importante en la conservación de la paz pública.

Frente a las oleadas de inseguridad que frecuentemente aquejan a la zona urbana de la capital, lo mismo que a las ciudades más importantes del estado, la actuación de las corporaciones municipales no ocurre en primera instancia y la población desamparada emite su inconformidad con las corporaciones del estado en vez de que lo haga contra las corporaciones municipales.

La desorganización de las fuerzas municipales es producto de la pasividad con que en el pasado se vio la inseguridad. Hoy día, hasta las organizaciones civiles consideran que la actuación en primera instancia corresponde a las corporaciones del estado y no a las corporaciones de carácter municipal.

Así, no hay respuestas suficientes y convincentes de lo que debe hacerse en cada circunscripción municipal cada vez que aparecen sujetos sacrificados en la vía pública, o lo que debe saber un ciudadano afligido por la inseguridad, pero tampoco ocurre la coordinación de todos los organismos encargados de resguardar el orden para disminuir los efectos de la intranquilidad pública.

En tanto los hechos se multiplican en la entidad, las corporaciones municipales no disponen de los recursos suficientes para enfrentar a la delincuencia, ni existe una real coordinación de todas las corporaciones para actuar atinadamente.

LA BORUCA

Parte de la estrategia de prevención “La seguridad escolar: Compromiso de Todos” es la continúa capacitación, intercambio de experiencias y vinculación con padres de familia, directivos, docentes y personal administrativo, integrados en 7 mil 800 Comités de Prevención y Seguridad Escolar de los planteles de todo el Estado, informó el secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz. Este viernes tocó el turno al municipio de Ciudad Valles, donde el área está a cargo de Juan Evaristo Balderas Martínez, coordinador general de Participación Social.

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“Me siento muy contento, creó que en el marco de lo que se está viviendo en México y en una buena parte del mundo resultó muy importante tener una comunicación y ver cómo se está trabajando en dos proyectos que tienen que ver con San Luis Potosí; uno la instalación de una planta automotriz que corresponde a la BMW que iniciará operaciones a inicios del 2019 y el otro con una empresa (Dräxlmaier) que tiene mucho que ver con nuestra entidad, que tiene dos plantas establecidas y el anuncio de una más”, dijo ayer el gobernador Juan Manuel Carreras López, a su retorno de Alemania.

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El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, José Luis Ugalde Montes, acudió a la CCCXI Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano máximo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la cual fue encabezada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, el gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y su secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, contando además con la participación de los secretarios de Finanzas de todas las entidades federativas.

CALLEN ESA BORUCA

@pedrocervantesr