La cultura de la denuncia es un concepto que ha tratado de encontrar un camino entre las obligaciones y los derechos de los ciudadanos, pero en el caso de México y San Luis Potosí, en lo particular, no ha encontrado resultados significativos que motiven al ciudadano común a adoptarla como parte de su cotidianeidad.
Y si usted, amigo lector, cree que estoy exagerando o expresando estas líneas en la más pura “mala leche”, quisiera, y se lo digo con toda honestidad, que ello no fueran más que figuraciones y ganas de molestar.
Citaré el ejemplo de lo que ocurrió recientemente en la carretera San Luis Potosí-Matehuala, el pasado domingo 12 de marzo, cuando un autobús de pasajeros proveniente de la ciudad de Monterrey y que fue asaltado por dos individuos que viajaban aparentemente como pasajeros hacia la Ciudad de México, fue el evento que suscribió varias líneas entre la opinión pública por la forma en la que desvalijaron a 32 pasajeros, para huir sin dejar rastro alguno. Si fallaron las medidas de seguridad, los filtros de revisión, si hay una red de amantes de lo ajeno que han encontrado un terreno fructífero para sus fechorías en el transporte público, no es el tema que me avoco a tratar en estas líneas con ustedes, queridos amigos.
Lo que vale la pena destacar del ejemplo anterior, es que a pesar de haber sido despojados de dinero en efectivo; objetos de valor, como teléfonos celulares y joyas, ninguno de los 32 pasajeros que viajaban en este autobús, incluyendo a un elemento del Ejército Mexicano, accedió a levantar una denuncia por haber sido víctimas de este atraco. Prefirieron seguir su camino hacia la Ciudad de México, a pesar de haber sido invitados a denunciar por parte de los elementos de la Policía Federal quienes fueron los primeros “respondientes” al auxilio de los pasajeros una vez que fueron robados. ¿Por qué? ¿Es acaso miedo a represalias? ¿es porque no tienen tiempo para quejarse? Y sin temor a equivocarme (y puedo apostar a que coincida conmigo), es un poco de todo, pero más que nada a la falta de confianza en las instituciones del estado en términos de resultados y porque se ha convertido en un “viacrucis” para las víctimas del delito, presentar una denuncia ante el Ministerio Público, cuyos funcionaros tratan muchas veces a los ciudadanos como si ellos fueran los delincuentes y no las víctimas, con una actitud despótica y prepotente que se ha envuelto en la inercia más infame del burocratismo mexicano que encuentra su espacio más claro en la desparpajada actitud de muchos funcionarios y empleados de la Procuraduría de Justicia; y podemos hablar de cualquier nivel, federal o estatal si gusta.
Si usted le pregunta a una persona si no fuera el caso personal, si ha sufrido algún delitos en su propiedad o en su persona y que a raíz de ello le cuente su experiencia en los pasillos del Ministerio Público, se dará cuenta de que en la mayoría de los casos hay más desazones que satisfacción, desde el primer momento en el que el ciudadano es atendido. Dan la impresión de que solo habrá justicia si usted lleva las pruebas suficientes para sustentar, en primer lugar, que fue víctima de un delito. Y en segundo lugar, casi casi, que le diga cómo se llama y dónde vive el victimario, y tal vez, solo así, habrá un resultado a riesgo de que por una circunstancia ligada a los derechos humanos, usted resulte más responsable que víctima, en base a la suerte que corra el “pobre delincuente”.
Necesariamente eso nos lleva a la reflexión de la necesidad de cambiar de manera integral los sistemas de atención a la víctimas del delito; y si no se puede en torno a resultados, si la engorrosa tramitología que existe para denunciar hoy en día en nuestro país y en el estado. Pues a pesar de que existe un nuevo sistema de justicia penal la confianza de la ciudadanía en los nuevos procedimientos, aún está lejos de ser real.
La procuración y la impartición de la justicia, además de la defensa y la seguridad frente al exterior, constituyen algunas de las funciones básicas de todo Estado moderno. Para que estas funciones de acceso a la justicia se puedan cumplir de manera cabal y para que un sistema de justicia penal propicie que todas las personas accedan y gocen de sus derechos, es necesario que los distintos actores desarrollen de manera eficiente su trabajo: que las policías recaben las pruebas de manera oportuna y que realicen una adecuada investigación, que los peritos elaboren dictámenes sustentados en la técnica y en la ciencia, que los fiscales y defensores se ajusten a los principios de legalidad y procesales para dar sentido a sus casos; y que el juez dicte las sentencias condenatorias o absolutorias que correspondan; sin embargo a menudo se presentan errores, omisiones e incongruencias que hacen nugatoria una justicia pronta y expedita al ciudadano que ha visto transgredidos sus derechos por otro particular o por el Estado.
De ahí que la actitud del ciudadano no ha sido de mayor participación sino por el contrario, de mayores dudas y desconfianza, de falta de voluntad y hasta pereza por lo que nos vamos a encontrar y el burocratismo que habrá que sortear para encontrar la ya lejana y a veces idealizada justicia.
HASTA LA PROXIMA..!
