A partir de este domingo 5 de febrero serán días de grandes decisiones, no sólo para la clase política, sino para el trabajo y credibilidad de las instituciones, entiéndase Congreso del Estado, partidos políticos, Poder Ejecutivo y procuración de justicia. Sin duda el acontecer cotidiano se hace interesante desde un punto de vista futurista, donde desde ahora las decisiones que se tomen en todos los ámbitos tendrán una consecuencia a futuro desde el punto de vista que se quiera ver.
Y es que en anteriores entregas desde este mismo espacio, ya señalábamos los movimientos que tenía en puerta el Partido Revolucionario Institucional y muestra de ello es la decisión que se tomó desde las distintas cúpulas del poder, para designar o “reasignar” a la controvertida Sara Rocha Medina, quien se venía desempeñando al frente de la Secretaría General del PRI, en compañía del dirigente Martín Juárez Córdova, para el periodo 2016-2020. Sin embargo, las nuevas circunstancias obligan a hacer los enroques necesarios para asegurar un mejor futuro del partido en las futuras contiendas del 2018, donde sin duda el primer priísta del Estado, Juan Manuel Carreras, deberá entregar buenas cuentas a su instituto político.
Si otra cosa no sucede, este domingo la ex alcaldesa de Real de Catorce, Sara Rocha, acompañada del regidor David Mauricio Alanís, se registrarán como fórmula única para encabezar el Comité Municipal del PRI en la capital potosina, como parte de una estrategia que busca generar una percepción de unidad entre la militancia, sin que ello no signifique que pueda haber dos que tres prietitos en el arroz que no estén conformes con esta decisión.
Por lo pronto, estos movimientos al parecer muy bien consensados, podrían generar una rebatinga de quienes buscarían llegar a ocupar la Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI, con una visión futurista en busca de garantizar un cargo público, vía plurinominal; y en algunos casos utilizarlos como un trampolín para seguir pegados a la ubre presupuestal, porque es claro que existen varios tiradores (as) que sólo se les conoce por vivir de la administración pública y no de sus trayectorias profesionales.
Si todo se respetara de acuerdo a los estatutos del partido, el sustituto de Sara Rocha sería Martín Reyna Puente, sin embargo ya existen varios tiradores que sin duda harán todo lo posible por llegar a la Secretaría General del partido, (Eduardo García, Maribel Lemoine, Esther Angélica Martínez), bajo la premisa de que serían piezas fundamentales en las grandes decisiones que se habrán de tomar para elegir a los candidatos para las contiendas del 2018.
Además no se puede perder de vista que el partidazo estará buscando sobre todo mujeres, el próximo año, tomando en cuenta que se deberá cumplir con la equidad de género, es decir el 50-50 en la designación de candidaturas para todos los cargos de elección popular y para ello, dicen, “las mujeres se pintan solas”.
Otra de las decisiones que se habrán de observar en los próximos días, será la justificación de la llegada de los 27 vehículos nuevos, adquiridos por el Congreso del Estado, cuyo costo ascendió a 6.2 millones de pesos. Sin duda nuestros diputados pueden sacar todas las justificaciones del mundo para avalar dicha compra, e incluso tienen la razón en el sentido de que los recursos para la compra de unidades se obtuvo de los rendimientos que entregan cada año las instituciones bancarias por el manejo de los recursos del Congreso del Estado, y de acuerdo a la nueva Ley de Disciplina Financiera, estos rendimientos no pueden ser utilizados ni donados para obras que sean distintos al fortalecimiento de infraestructura de las instituciones o la adquisición de bienes.
Pero cómo decirle a miles de familias potosinas que sólo tienen para malcomer, que deben estar conformes porque los diputados utilizarán vehículos último modelo, o cómo explicar aquellos que viven al día, que deben entender que los autos son muy necesarios para sus tareas legislativas, cuando estas miles de familias ven vulnerados sus bolsillos con los aumentos diarios a los insumos básicos a consecuencia de los gasolinazos.
No podemos perder de vista que otra de las grandes decisiones que habrán de tomar en este caso los diputados locales, es lo referente a la renovación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para el periodo del primero de abril 2017 al 31 de marzo del 2021, donde se tienen que analizar, sin presiones y mucho menos intereses político-partidistas, los expedientes de 44 aspirantes al cargo de consejero y 16 al de presidente del organismo. Ahora más que nunca, los legisladores deberán actuar con total responsabilidad para evitar que un organismo tan noble se vea “contaminado” y posteriormente se pueda ver humillado por una mala decisión que traería consecuencia negativas, tal y como ocurrió en su momento con la designación del actual ombudsman Jorge Arroyo, en los tiempos del gobernador Fernando Toranzo, quien verdaderamente le tenía mala leche.
Por el lado de la Procuraduría General de Justicia del Estado también se requiere tomar esas grandes decisiones para enviar un mensaje de que en San Luis Potosí sí se aplica y procura la justicia.
Recientemente se registró una nueva agresión a los conductores de Uber, supuestamente de parte de taxistas tradicionales que están inconformes por la legalización de esta aplicación. Sin duda es un tema que debe ser atendido de manera oportuna a fin de evitar que se pueda salir de control y que tenga como consecuencia la muerte de alguna persona.
Afortunadamente tenemos entendido que la PGJE abrió ocho carpetas de investigación para dar con el paradero de los responsables, sin embargo, al parecer los denunciantes (conductores de Uber) no acuden a ratificar sus denuncias, lo cual genera una nueva problemática porque la autoridad se ve impedida para actuar de acuerdo a la ley.
Hay quienes aseguran que la ley se debe aplicar sin distingos para combatir la impunidad; y si bien es cierto que los Uber fueron agredidos, es necesario que sus denuncias sean ratificadas para llegar hasta sus últimas consecuencias, porque de lo contrario, “después no se anden quejado y mucho menos bloqueando calles para afectar a gente que ni vela tenía en el entierro”.
