La Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el órgano principal que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los órganos autónomos, los estados y municipios, ya tiene centradas sus baterías en al menos un par de funcionarios estatales que fungieron en la anterior administración estatal, así como el caso del ex presidente municipal de Ciudad Valles, Juan José Ortiz que actualmente se desempeña como titular de la Promotora del Estado.
De acuerdo a informes de la propia Auditoría Superior, desde el 2015 se aplicaron algunas observaciones en contra de funcionarios de 9 estados, entre ellos de San Luis Potosí, al haber detectado posibles irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones y que estaban vinculadas a la incorrecta aplicación de recursos federales.
El informe establece que en el 2013, los Servicios de Salud en San Luis Potosí aplicaron una serie de recursos económicos de manera irregular para el pago de médicos que desempeñaban actividades administrativas, violando claramente las normas establecidas en la ejecución de recursos federales. Además se observó una serie de anomalías en lo que se refiere a la adquisición de medicamentos, sin que a la fecha exista claridad sobre el destino o el desahogo de los procedimientos para revertir las observaciones.
Sin duda, poco o nada ha generado que la Auditoría Superior de la Federación cumpla con su principal objetivo en el sentido de mantener una estrecha vigilancia en el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales y, sobre todo, verificar el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público de aquellos estados que recibieron recursos para el desarrollo de acciones en lo particular, como ocurrió con San Luis Potosí.
Recientemente se pudo conocer que el ex alcalde de Ciudad Valles, Juan José Ortiz Azuara, a escasos dos días de haber concluido el cargo aseguró ante los miembros del cabildo que dejaría una deuda a la administración siguiente por 52 millones de pesos, sin embargo esto no fue así, pues los primeros informes revelaron que el monto de la deuda heredada superaba los 74 millones de pesos, sin que se conociera con certeza el motivo de haber elevado esta cifra en perjuicio de los habitantes de este ayuntamiento huasteco.
Por lo pronto ya se tiene conocimiento de que la Auditoría Superior de la Federación presentó un informe donde se establecen observaciones millonarias al ahora titular de la Promotora del Estado, quien deberá aclarar la falta de transparencia en la aplicación de 23 millones de pesos de la administración 2012-2015 pues se presume que utilizó dichos recursos, que estaban debidamente etiquetados, para el pago de aguinaldos, salarios y compensaciones a sus allegados.
El informe de la ASF señala que estos recursos, que superan los 23 millones de pesos, habían sido asignados para el desarrollo de 74 obras que se debieron ejecutar y entregar antes de concluir su gestión, lo cual no ocurrió, por lo que tendrá que enfrentar un proceso que posiblemente no lo dejará bien parado para mantenerse en su actual cargo, al igual que a varios de sus entonces colaboradores.
De acuerdo a las atribuciones de la ASF, se establece que de mantenerse las observaciones en contra de algún mal servidor público que sea sujeto, como parte de una resolución, a devolver el dinero, estará obligado a acatar dichas resoluciones. Aunque de no reintegrar los recursos económicos o no aportar la documentación comprobatoria, la Auditoría está dotada de las atribuciones necesarias para llevar a cabo las siguientes acciones: 1) Emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario federal. 2) Promover ante los órganos internos de control correspondientes, de ser necesario, la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos culpables. 3) Presentar denuncias penales ante las autoridades competentes.
Por si fuera poco, en los últimos días se ha generado un sinnúmero de información relacionada con procedimientos legales que se han instaurado en contra de algunas lideresas de los sindicatos de burócratas de San Luis Potosí, que podrían desencadenar en posibles malos manejos que se generan con los recursos obtenidos a través del gobierno del estado, dentro de los contratos colectivos que desarrollan año con año y que implican la entrega de varios millones de pesos.
Es muy claro que la vida de algunas dirigentes sindicales de la burocracia estatal no coincide con los sueldos que perciben como trabajadoras de la administración y aún más, es evidente que esta falta de claridad en la aplicación de recursos (públicos) les ha permitido por años, amasar grandes cantidades que son difíciles reportar directamente a sus agremiados (obviamente cuando no hay voluntad).
Resulta irrisorio que mientras a los ciudadanos se nos diga que es necesario apretarnos el cinturón, por otra parte existan sindicatos que reciban al año más de 1.2 millones de pesos para el desarrollo de “eventos sociales”, los cuales se desconoce si verdaderamente se realizan en favor de sus agremiados, pues al menos en San Luis Potosí, recientemente se pudo escuchar que hubo un sindicato que con el ahorro obtenido en dichos festejos, pudo juntar para comprar un terreno valuado en más de 3 millones de pesos ¿Será?
