A partir del inicio del discurso sexenal del presidente Felipe Calderón, en el año 2006, donde en su apuesta política “le declaró la guerra al Narco”, el Ejército y la Marina de México fueron utilizados para “respaldar” las acciones del orden civil en el combate a la delincuencia en nuestro país.
Lo anterior debido a que se encontró que nuestras policías, las de los 2 mil 440 municipios y los 32 estados, así como la Policía Federal, prácticamente estaban permeadas por la delincuencia organizada, razón por la que éstas perdieron la confianza y toda posibilidad de confiabilidad para poder realizar una “gran limpia” de las corporaciones de seguridad en todo México, para impedir el crecimiento de la delincuencia.
Una de las acciones que se impulsó fue implantar un mando único que hiciera más “controlables” a las miles de policías municipales bajo el mando de los 32 estados, se uniformó y se definieron criterios de operación en la llamada Plataforma México, para que esta fuera con lineamientos muy claros y objetivos.
Además se pensó (de manera provisional) en involucrar al Ejército y la Marina, dos Instituciones que en aquel entonces (y ahora mismo) ostentaban el mayor nivel de confianza para la población y aún cuando sus alcances son en términos de la defensa de la soberanía de nuestro país, se podría decir o se pensó así en su momento, que ésta (la delincuencia) era una amenaza a nuestra soberanía por el gran riesgo de poder incrustarse en las organizaciones, partidos políticos y en los gobiernos, (como la hemos visto en los últimos procesos electorales).
El Ejército llegó para quedarse y no de propia voluntad, sino porque “la guerra contra el narco” se complicó, de manera operativa primero, por la negación de algunos gobernadores a atacarla; y también de manera política al marcar el término del sexenio del presidente Calderón, siendo el señalamiento "electoral" de este como un error y así uno de los motivos por los cuales se dio la alternancia, aunque el nuevo gobierno no cambió mucho de fondo, sino de forma, la estrategia de combate a la delincuencia y el Ejército y Marina continuaron hasta la fecha “reforzando” esta guerra, pelea, combate o como le queremos llamar ahora, contra la delincuencia organizada.
Hace unos días el general Salvador Cienfuegos Zepeda (uno de los pocos funcionarios que pertenece a una institución que acercó al gabinete perfiles con verdadera trayectoria) reclamó en un discurso el hecho de que los militares no fueron entrenados para labores de seguridad pública, que no pidieron estar en las calles y que no se sienten “a gusto” haciéndolo, reprocho que en 10 años no se ha profesionalizado a las policías y pidió que se estableciera un fecha para que los soldados regresen a los cuarteles a realizar su labor “original”, para la cual fueron y son entrenados, dijo que se está desnaturalizando y llevando a cabo acciones que nos les corresponden.
La Marina y el Ejército endurecen su discurso y marcan agenda al Ejecutivo para que se devuelva a sus acciones constitucionales.
Todo esto no es casual, seguramente motivado en razón de que en los meses de septiembre y noviembre pasados, en el Senado (2 bancadas) presentaron una iniciativa para dar certeza jurídica a las acciones del Ejército y con esto se amplíen constitucionalmente sus atribuciones en las calles, dejando claro que esta figura permanecerá por mucho tiempo más.
Por esta razón la reacción del general Cienfuegos. Y no es para menos, al Ejército se le ha señalado porque (como lo marca su formación), tienen formas que agraden los derechos humanos y estas acciones muchas veces revierten a que el criminal sea la víctima o existan víctimas inocentes que pagan el precio de esta “obligada” inclusión de los soldados a las labores de las policías.
Una de las atribuciones que se busca tengan de acuerdo a esta iniciativa son:
Recibir denuncias, hacer detenciones, realizar cateos, realizar aseguramientos, así como entrevistas a testigos y la toma de declaraciones, también intervenir comunicaciones y extraer datos de dispositivos móviles.
Todos esto le daría al Ejercito una fortaleza y tal vez un blindaje que no sabemos cuál será su repercusión en las acciones de la justicia, hoy cuando se implementa un débil nuevo sistema penal con una institución como el Ejército, que no tiene la preparación para estas acciones y es el factor confianza el hilo que sostiene la sustitución de las policías en las calles.
Hoy, después de 10 años, los soldados siguen en las calles y estas modificaciones les darán “confort” y libertad de acción, no sabemos si esto será para bien, pero las policías aún operan y no son depuradas para que las acciones de soldaos y corporaciones civiles sea más precisa, “se parcha” la Constitución para fortificar las acciones, pero no se ataca de fondo el gran problema que fue el inicio de esta “obligada solución”, el hecho de que las policías no son confiables y están permeadas por la delincuencia en todos los 2 mil 440 municipios de nuestro país.
@Potosinos_slp
