Sin duda el tema sobre las pensiones del Estado seguirá dando tela de dónde cortar, tomando en cuenta que el haber revivido acusaciones, denuncias e incluso señalamientos indirectos, tiene su origen en la propia Secretaría General de Gobierno, así como desde los intereses de un diputado federal que formó parte de la anterior administración estatal como el segundo hombre más importante del gabinete.
Evidentemente el supuesto desfalco del que se ha venido señalando por parte de tres de los cinco sindicatos de la burocracia estatal, tienen nombres y apellidos, sin embargo los acuerdos políticos e intereses personales han impedido que verdaderamente se esclarezca y se pueda sancionar a los responsables del desfalco millonario que estaría enfrentando la Dirección de Pensiones en un corto plazo.
Existen antecedentes que establecen que el problema de la dirección de Pensiones comenzó en el sexenio del priísta Fernando Silva Nieto, sin embargo se agravó en la gestión del panista Marcelo de los Santos, al momento de que se realizaron movimientos extraños que derivaron de una afectación superior a 1.3 millones de dólares.
Se conoció que esta situación obligó al propio Gobierno del Estado y a un sindicato minoritario, a interponer una denuncia ante la Contraloría General del Estado que desembocó en la aplicación de una sanción económica en contra de algunos funcionarios por un monto de 54 millones de pesos y 20 años de inhabilitación. No obstante, esta resolución fue impugnada por los implicados, estableciendo los tribunales que la Contraloría del Estado no cumplió con los procedimientos y fundamentos para hacer válida la sanción, por lo que una vez más prevaleció la impunidad al quedar sin efecto la sanción original, de acuerdo a un fallo emitido en marzo del 2016.
Cabe señalar que posteriormente, el sindicato mayoritario (Sutsge), que comanda la eterna líder Bernardina Lara, promovió una denuncia de nueva cuenta ante la Contraloría General del Estado, en contra del actual director de Pensiones, la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor y los miembros de la Junta Directiva de Pensiones por haber provocado un nuevo desfalco con los recursos para el retiro de los trabajadores, al haber hecho una inversión del fondo de contingencia y haberla retirado antes de tiempo, provocando una perdida millonaria en perjuicio del propio fondo de pensiones.
No se puede perder de vista que existe información que establece que durante la administración de Fernando Toranzo su entonces director de Pensiones, Oziel Yudiche, utilizó más de 700 millones de pesos provenientes de los fondos de inversión para ser utilizados para impulsar inversiones con empresas ligadas a la bolsa bajo la premisa de obtener jugosas ganancias, sin embargo al parecer todo fracasó y el único perjudicado fue el patrimonio de los trabajadores que engloba al sector magisterial y de la burocracia sindical (aunque aún no existe claridad sobre la veracidad de dicha información).
Por lo pronto, la dirección de Pensiones está obligada a cobrarle al gobierno del estado, a través de la Secretaria de Finanzas, un adeudo cercano a los mil millones de pesos, pues de lo contrario se advierte que en un corto plazo se pudiera enfrentar un colapso en perjuicio de los trabajadores pensionados (mil 682), independientemente de los estudios que arrojan que la verdadera descapitalización podría alcanzar los fondos de pensiones del sistema de telesecundarias en el 2020, a la burocracia sindical en el 2027, mientras que al magisterio en el 2033.
Por lo pronto, mientras sean peras o manzanas, a la fecha no existe claridad sobre los verdaderos responsables de haber llevado a la dirección de Pensiones a enfrentar una de sus peores crisis con un quebranto millonario, tomando en cuenta que si no se hace nada a la mayor brevedad posible, se podría observar en un corto plazo a una dirección de Pensiones agonizante y desahuciada.
Cabe resaltar que ante dichos riesgos, el gobierno del Estado busca tomar cartas en el asunto, aunque se diga que la propuesta nació del sindicato mayoritario de la señorita Nina, la verdad es que se impulsa una propuesta donde se busca aumentar de 28 a 36 años la edad jubilatoria de maestros y burócratas, así como aumentar, de 7 a 14 por ciento, las aportaciones de los beneficiarios. Por lo pronto, los sindicatos han manifestado su rechazo al argumentar que sus trabajadores han sido objeto de los descuentos puntuales de sus obligaciones para el fondo de pensiones y si la Secretaria de Finanzas no ha pagado puntualmente, también han señalado que es su problema y sobre todo, cuando no se explica a dónde fueron a parar los recursos del fondo de pensiones.
Por otra parte, no podemos perder de vista que el tema sobre los XV Años de la joven Rubí Ibarra, programado el próximo 26 de diciembre en la comunidad de La Joya del municipio de Villa de Guadalupe, ha generado verdaderamente una gran distracción para tomar en cuenta los temas que realmente son importantes para San Luis Potosí, pues aunque todo este “teatrito” surgió del poder de las redes sociales, no podemos permitir que nuestros políticos estén más interesados en el desarrollo del evento social que en meterse de lleno a las reuniones donde se analiza todo lo referente al proyecto presupuestal del 2017.
El próximo jueves 15 de diciembre será muy importante porque los ciudadanos podrán conocer con puntualidad, no sólo la manera como será distribuido el presupuesto estatal, sino también los ajustes a los impuestos que estarán pegando, seguramente a todos los sectores de la sociedad. Se espera que nuestros diputados locales verdaderamente actúen con responsabilidad y se apliquen los aumentos o sean rechazados bajo un argumento sustentado.
