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Conforme a lo declarado ayer por el secretario de finanzas José Luis Ugalde Montes en el desayuno con reporteros el pago de las pensiones a los burócratas estatales jubilados está garantizado hasta 1927 aproximadamente, lo que significa que los sindicatos y el gobierno disponen de algo así como once años para diseñar, o, idear, la manera de reforzar convenientemente el fondo acumulado en la dirección de pensiones si es que se desea que la garantía del pago vaya más allá de ese año y evitar que llegue al colapso al punto de que se declare en quiebra y en mora de pago de las pensiones.

Sin lamentos innecesarios ni avisos alarmistas Ugalde fue claro al desmentir que esa dirección esté al borde del colapso o a un paso de no cumplir con sus obligaciones de entregar las pensiones a los jubilados aunque también no evadió aclarar que existe la necesidad de encontrar nuevos mecanismos de inyección de recursos económicos a la dependencia a fin de prolongar su solvencia en los pagos más allá de 1927.

No obstante, queda claro que el sindicato de mayor poderío que agrupa a los trabajadores del estado como es el SUTSGE ya analizó la situación en ese sentido y visualizó las medidas necesarias a tomar a largo plazo para garantizar las pensiones de sus jubilados con la propuesta que ha hecho circular entre la burocracia los mandos directivos de ese sindicato basada en que durante el próximo año se les descuente un 1% más de cuotas de su salario de manera gradual hasta alcanzar un límite del 14% de descuento en cuotas que irían a reforzar el fondo de pensiones en algo que muchos no dudan en atribuir a la dirigente Bernardina Lara como una medida de alta responsabilidad en virtud de que aunque implica un esfuerzo económico de los afiliados su objetivo central lo justifica pues con ello tendrían garantizado el sustento durante sus últimos años de vida con el pago asegurado de una pensión decorosa, lo que el sindicato oposicionista el Sittge pretende descalificar con marchas protestando por ese todavía no aplicado descuento y exigiendo al gobierno de Juan Manuel Carreras la devolución de los fondos que las anteriores administraciones tomaron “prestados” de la dirección de pensiones para gasto corriente o para alcanzar gastos educativos con lo que la llevaron a la grave circunstancia financiera en que se encuentra de la que podría salir si los trabajadores deciden tomar el toro por los cuernos y le entran a la medida de un sacrificio inmediato para seguridad de su futuro como jubilados o seguir de crisis en crisis, es la disyuntiva.

CABOS SUELTOS

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