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Ventana Política

La brecha ofensiva

Ma. Guadalupe González Moctezuma | 08/12/2016 | 00:05
De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero.
 
Benjamin Franklin
 
Flaco favor hacen los gobiernos a los ciudadanos al ofertar descuentos en multas y recargos por servicios gravados por las autoridades, en lo que a todas luces se trata de una estrategia recaudatoria que en los hechos en nada beneficia a los contribuyentes.
 
El caso más evidente es el del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) que busca sacar de lo perdido, lo que quede, y ha obligado a los ciudadanos a pagar el consumo de 2016 para "perdonarles" los adeudos correspondientes de 2011 a 2015.
 
Esta medida recaudatoria del ayuntamiento ofende directamente a la población, porque por una parte los potosinos que no han pagado porque el servicio simple y sencillamente es malo o inexistente se ven obligados a pagar para salir del Buró de Crédito tengan o no tengan agua.
 
Pero por otro, ofende a los consumidores que teniendo o no teniendo agua pagan puntualmente sus recibos. Y este precisamente es el sector más ofendido, porque además de tener que tragarse el disgusto de ver cómo se perdonan hasta 5 años de pago a los morosos, recibirán la ofensa de un "fabuloso descuento" de 50 por ciento en el recibo de enero cuando a los morosos los están premiando con el descuento de miles de pesos.
 
¿Se supone que estas ofensas tendría que dejar muy satisfechos a los usuarios de Interapas?
 
Y por otra parte está el asunto de los permisos para tener automóvil.
 
Cualquiera en el camino de la lógica pensaría que si el gobierno del Estado está promoviendo, impulsando y apapachando a quien sea necesario para traer empresas del sector automotriz porque dos armadoras se están asentando en la zona metropolitana para fortalecer el clúster que se inició con la General Motors en 2008, también debería impulsar el consumo de vehículos, sin embargo los impuestos que se están proponiendo lo único que consiguen es desincentivar la compra de automotores.
 
Le cambiaron el nombre al impuesto por tenencia, pero sigue siendo lo mismo. Así entonces, si le cambian el nombre y hay morosos de este impuesto ¿el legal cobrar por un adeudo de un impuesto que ya no existe? y sabemos que ningún impuesto es retroactivo.
 
Entonces ¿por qué hay que suplicarle al gobierno que perdone a los que deben una o varias ediciones del impuesto que ya desaparecieron?
 
Esto representaría la confirmación de que el ominoso impuesto sobre la tenencia vehicular no fue desaparecido y confirmaría también que las autoridades engañaron a los potosinos.
 
Que dilema ¿o no?
 
Y es que si bien es cierto que la Constitución General de la República establece la obligatoriedad de que los ciudadanos colaboremos económicamente con el mantenimiento de los sistemas de gobierno para generar un beneficio para el propio pueblo, también es cierto que en ninguna parte de la Constitución se establece que los ciudadanos tenemos que mantener los sueldos estratosféricos que se adjudican los funcionarios, como por ejemplo la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, que a pesar de ganar más que el presidente de la República, fue incapaz de resolver ni medianamente la crisis en el Hospital Central.
 
Luego entonces ¿se le paga tanto dinero para que sólo diga que todo funciona de maravillas cuando cualquiera puede ir y confirmar que el Hospital Central no funciona ni al 50 por ciento de su capacidad y en el Seguro Popular no te pueden surtir ni paracetamol porque no tienen medicamentos?
 
Porque cuando vemos los reportes de que el 90 por ciento de los presupuestos a dependencias se destinan a nómina, nos damos cuenta de que somos los ciudadanos los que estamos patrocinando los sueldazos que ni en sueños tendremos nosotros, y que le estamos pagando tantísimo dinero a gente que no sólo no resuelve los problemas sino que además se da el lujo de tratar mal al ciudadano que acude a buscarlo.
 
Y si bien es de agradecer que los integrantes de la LXI Legislatura se hayan bajado el sueldo, también es de reconocer que lo que ganan no es ni remotamente parecido al salario mínimo que acaba de aumentar a 82 pesos diarios.
 
La descomunal brecha económica que separa a los gobernados de sus gobernantes es origen de muchos problemas sociales que hoy enfrentamos. Los jóvenes no se conforman con tener que trabajar 10, 12 y hasta 16 horas para ganar el equivalente a tres salarios mínimos, sobre todo porque esto no les deja tiempo para convivir con sus familias, se tienen vacaciones una vez al año y lo que ganan no les alcanza para acudir a destinos interesantes de turismo.
 
¿Qué se necesita para disminuir esta brecha que ofende y lesiona el tejido social?
 
Voluntad política y hablar con la verdad.
 
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