La implementación del nuevo sistema de justicia penal en San Luis Potosí, como en el resto de la República Mexicana, trae consigo una serie de retos que se han estado enumerando en diferentes órdenes desde la capacitación, la adecuación de infraestructura y sobre todo que las pifias de tipo legal no generen inocentes culpables ni culpables en libertad.
Uno de los factores que se han despertado como parte de la exigencia ciudadana, es que también existan dentro de los esquemas legales los medios para perseguir de manera decidida y sin simulaciones los casos de corrupción e impunidad, de ahí que a nivel nacional se haya generado como un objetivo la creación de una fiscalía general, que a su vez haría el papel de guardián de la justicia en materia de corrupción, no obstante a severas críticas, porque se considera endeble el cimiento que se está construyendo para que algo así exista por un lado; y por otro, no se considera que se tengan los tamaños en términos de capacidad para poder absorber lo que se intenta y esto no sea más que un proceso cosmético de armar a una cosa desgastada como si fuera nueva.
El 22 de septiembre el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República(LFGR) para su discusión y eventual aprobación.
Esta legislación es un paso más en la reestructuración que inició con la reforma político-electoral, en la que se determinó que a más tardar en 2018 la Procuraduría General de la República (PGR) se debe transformar en un órgano autónomo con un alto grado de especialización.
Dado que la PGR actualmente se encuentra saturada y operando en un sistema de procuración de justicia desacreditado, que se percibe como ineficiente y politizado, todo cambio que abone en una estructura más funcional e independiente se antoja positivo. Sin embargo, el reto no es menor y requiere de una transformación de gran calado que de verdad modifique de fondo la estructura y operación de la institución a través de compromiso, talento, planeación, ejecución y evaluación constante.
Y si tomáramos como referencia esto, la tarea que ahora se está planteando para la entidad potosina, no es menos abrumadora, sobre todo porque de la fiscalía general que se pretende para esta entidad, obedeciendo al mandato constitucional que permea en las entidades de la República, tendría como ramas primordiales la fiscalía anticorrupción y la fiscalía para delitos electorales, por el otro.
Tomando en cuenta, amigo lector, que sin duda esto que le comento no refiere nada nuevo a lo que ya se ha estado publicando en los medios de comunicación, creo en lo personal necesario hacer una reflexión y una honesta evaluación si esta fiscalía que se pretende para San Luis Potosí no podría traer más problemas que soluciones.
Por lo pronto y como posiblemente está obligado a hacerlo, el procurador de Justicia del estado, Federico Garza Herrera, dijo estar listo para que se asuma esta responsabilidad y que los diputados del Congreso del Estado trabajan para hacer la adecuación que resulte necesaria en la ley, a fin de que se concrete la creación de la fiscalía general de San Luis Potosí.
Pero, ¿existe la capacidad? ¿hay confianza y no de los ciudadanos… sino de los propios funcionarios de la procuraduría, de poder asumir este encargo?
Si bien es cierto que la ciudadanía exige que las cosas cambien en materia de procuración de justicia, la circunstancia va mucho más allá de cambiar un membrete; y lo que conocemos como procuraduría ahora se llame fiscalía, solo para taparle el ojo al macho y estar cumpliendo en tiempo y forma, como tan sobadamente se dice y se hace.
Igualmente, a pesar del espíritu reformista en materia de justicia a nivel nacional, no existe en las entidades federativas un referente exitoso de una institución similar. En Chihuahua y Morelos existen fiscalías, pero se caracterizan por fusionar las labores de seguridad pública con las de procuración de justicia y no por sus autonomía o transexenalidad.
A lo largo de la historia reciente la procuración de justicia, en cuando menos los últimos 18 años, ha dejado más dudas que satisfacciones en San Luis Potosí, sin contar los años de gigante rezago que aun está en los archiveros de la PGJE, la experiencia del peregrinar de muchos ciudadanos que no encontraron respuestas en algunos casos y en muchos otros no encontraron justicia, es un lastre de falta de credibilidad con el que habrá de arrancar necesariamente el nuevo organismo una vez que lo conducente sea aprobado, todo esto y más, será parte de lo que tendrán que revertir, en este caso los mismos funcionarios y burócratas que han vivido de esto desde hace años… esa es la pregunta, entre otras muchas que se pueden generar, en base a tener la esperanza en que esto solucione los problemas, o por otra parte los pueda agravar, ya no por prácticas negativamente anquilosadas en los pasillos de los ministerios públicos, sino por la más franca ignorancia y la falta de especialización.
HASTA LA PROXIMA…
