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Ventana Política

Ma. Guadalupe González Moctezuma | 07/11/2016 | 00:54

Ningún pueblo cree en su Gobierno. A lo sumo, los pueblos están resignados.
 
Octavio Paz
 
Cuando quienes ejercen el poder se olvidan de lo que es estar abajo, empiezan a tomar decisiones que favorecen sólo a las clases de las que provienen, dejando fuera de los beneficios de las medidas adoptadas a quienes están por arriba o por abajo de su propio status.
 
Eso parece estar ocurriendo con los integrantes de la LXI Legislatura a últimas fechas. Tal vez se trata de un proceso de confusión originado por las cifras de millones de pesos que manejan en su estudio de cuentas públicas y presupuestos gubernamentales.
 
Sea cual sea la razón, iniciativas como la de obligar a los ciclistas a usar cascos o limitar el uso del servicio de Uber sólo para quienes tienen tarjeta de crédito no han sido pensadas para todos los potosinos.
 
¿Por qué critico la iniciativa que establece la obligatoriedad de usar casco cuando se usa la bicicleta? Por una sencilla razón: el 90 por ciento de los ciclistas usan este vehículo como medio de transporte para no tener que pagar transporte público porque son empleados que perciben un salario mínimo, es decir, 73.04 pesos diarios.
 
De aprobarse esta iniciativa, los ciclistas deberán desembolsar, como mínimo, 162 pesos por la compra del más barato de los cascos que hay en el mercado, lo que representa dos días de salario mínimo. Ahora bien, si junto con la normatividad se aprueba un fondo para subsidiar parte del costo de estos cascos, entonces sí podríamos decir que se ha pensado en los ciudadanos y su beneficio, pero la iniciativa en cuestión, como fue presentada, no contempla tal apoyo, sólo la obligación de comprar el casco y usarlo.
 
Igual tratamiento se ha dado a la iniciativa de limitar el uso de Uber. ¿En serio nuestros diputados están proponiendo una medida para un sólo sector de la población? Esto se parece bastante a la impopular medida que propone el ayuntamiento de incrementar los valores catastrales pero sólo en la zona poniente de la capital potosina, es decir, a todos los habitantes de los fraccionamientos de lujo de la ciudad, por considerar que sí están en posibilidad de pagar el escandaloso incremento de 10 por ciento.
 
¿En qué momento nuestros políticos y funcionarios perdieron el piso? ¿o cómo se le puede decir a lo están haciendo?
 
¿Acaso no les habrá llegado el memo del gobierno del Estado donde se indica que no hay ciudadanos de primera ni segunda categoría?
 
Porque el mensaje que están mandando es precisamente ese: los ciudadanos de la zona poniente pueden pagar desde impuesto predial hasta Uber. El resto de la población requiere de que se les proteja tanto del ayuntamiento como de sí mismos para que no hagan uso de Uber ni paguen más impuestos.
 
Del ayuntamiento no sorprende que siga inventando impuestos para lesionar a los empresarios potosinos, lo cual es una locura porque tanto empresarios como comerciantes han sido muy claros y participativos: ellos no escatimarán un sólo peso a las autoridades si a cambio de sus impuestos reciben los servicios que el gobierno de la ciudad está obligado a proporcionar.
 
El caso es que tanto el Poder Legislativo como el gobierno de la ciudad parecen decididos a ahondar la brecha entre los habitantes de la capital potosina y mientras que se sobreprotege a las familias de escasos y muy escasos recursos, se le carga la mano y se legislan satisfactores para los habitantes de la zona poniente.
 
Claro que tales desconsideraciones tienen vigencia. Tanto el potosino al que hay que proteger hasta de sí mismo como el potosino que debe protegerse de diputados y alcaldes están destinados a ser bandera para uno u otro lado en 2017, cuando empiece el proceso electoral.
 
¿Será por eso que las autoridades se han empeñado en tratarnos como a menores de edad?
 
Porque lo que están diciendo, tanto unos como otros, es que los ciudadanos no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, ni para elegir un transporte de alquiler.
 
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